Región Central
Por irregularidades en contratación formulan cargos a directora de Recursos humanos de la Alcaldía de Soacha
Los hechos investigados tuvieron lugar cuando la servidora se desempeñaba como directora de Cobertura de la Secretaría de Educación y Cultura de la misma entidad.
La Procuraduría General de la Nación ha avanzado en la investigación de presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Alcaldía de Soacha, Cundinamarca, durante la pandemia por la COVID-19, formulando un pliego de cargos contra la exdirectora de Cobertura de la Secretaría de Educación y Cultura, Liliana Marcela Chaparro Sierra.
Los hechos bajo análisis están vinculados a posibles anomalías en la ejecución de dos contratos destinados a la prestación del servicio de alimentación escolar durante la emergencia sanitaria. Se investiga el contrato 2135 de 2019, que supera los $7 mil millones, y el contrato 616 de 2020, en ambos de los cuales Chaparro Sierra desempeñaba un rol de supervisora.
Según las indagaciones, se habrían presentado irregularidades en la revisión y aprobación de documentos de justificación y estudio del mercado, así como en las modificaciones de los contratos. El Ministerio Público sostiene que se podrían haber incurrido en sobrecostos debido a que la consulta de precios consideró valores de productos al detal o al por menor, en lugar de tomar en cuenta el valor al por mayor, lo cual habría llevado a un aumento injustificado en los costos.
La Procuraduría señala que la sobrevaloración en los precios pagados por la Alcaldía de Soacha en los componentes de las raciones para preparar en casa podría haber superado los $479 millones en el contrato 2135 de 2019. Además, en el contrato 616 de 2020, donde también tenía responsabilidad de supervisión, se habrían presentado situaciones similares con un posible sobrecosto superior a los $138 millones.
El ente de control ha calificado provisionalmente estas conductas como gravísimas a título de culpa grave. Además, se ha dispuesto la investigación del entonces secretario de Educación y Cultura, Luis Eduardo Chavez Poveda, por su presunta participación en la suscripción de documentos relacionados con estos dos contratos.
Esta acción de la Procuraduría subraya la importancia de la transparencia y legalidad en la contratación pública, especialmente en momentos de crisis como la pandemia, donde los recursos destinados a programas esenciales deben ser administrados de manera eficiente y responsable.
