Región Pacífica
La Procuraduría pone la lupa en deficiencias de infraestructura en unidades de atención para adolescentes en Cali y Valle del Cauca
A pesar de que el Ministerio Público hizo recomendaciones desde el año 2021, no se han ejecutado mejoras en los centros de atención. La Procuraduría ha pedido informes a la gobernadora del Valle del Cauca y al alcalde de Cali sobre el estado de las unidades de servicio para los adolescentes en conflicto con la ley penal.
La Procuraduría General de la Nación de Colombia ha solicitado un informe a la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, y al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, sobre el estado de las unidades de servicio para los y las adolescentes en conflicto con la ley penal en la región. La petición se debe a que no se han ejecutado las mejoras y recomendaciones referenciadas en el diagnóstico presentado por el Ministerio Público desde el año 2021.
La Procuraduría realizó una visita de seguimiento a los Centros de Atención Especializada Valle del Lili y Buen Pastor del departamento de Valle del Cauca y, según el ente de control, hace más de un año se remitió a los despachos de los mandatarios el respectivo informe sobre los resultados de estas visitas.
La Procuraduría ha advertido sobre las vulneraciones a los derechos de los adolescentes y los jóvenes que se encuentran en estas unidades de atención, relacionadas principalmente con el tema de la infraestructura. El ente de control ha solicitado a la gobernadora y al alcalde que adopten de manera prioritaria las medidas necesarias y tendientes a garantizar los derechos de esta población.
Los hallazgos de la Procuraduría referían la falta de adecuaciones y mejoras en la infraestructura de estas unidades de atención, lo que pone en riesgo la integridad de la población en conflicto con la ley penal, especialmente en el Centro de Atención Especializada “Valle de Lili”. La Procuraduría ha reiterado el llamado a evaluar las situaciones planteadas en los informes del año 2021 y a impartir con la mayor celeridad solución a la problemática, vulneradora de los derechos de quienes se encuentran en cumplimiento de su sanción.
La petición de informe a los mandatarios se da en el marco del seguimiento preventivo al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y tiene como objetivo conocer las acciones de intervención, mejoras y adecuaciones de la infraestructura adelantadas en los años 2021 y 2022, la distribución de los recursos asignados en el año 2021 y las actuaciones adelantadas con el fin de contrarrestar la situación presentada.
