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Judicial

Procuraduría destituyó e inhabilitó por ocho años a Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a Carlos Julián Caicedo Cano por incumplir el régimen de incompatibilidades mientras ejercía como asesor del Invías y mantenía un contrato con la Institución Universitaria Pascual Bravo.

La Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá declaró disciplinariamente responsable a Carlos Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y le impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por ocho años para ejercer funciones públicas. La decisión quedó consignada en un fallo de primera instancia expedido el 13 de noviembre de 2026.

La providencia, firmada por el procurador distrital de juzgamiento Crispín Roberto Pavajeau Villazón, estableció que Caicedo Cano desconoció el régimen de incompatibilidades aplicable a los servidores públicos. Los hechos investigados ocurrieron durante su vinculación al Instituto Nacional de Vías (Invías), donde ocupaba el cargo de asesor de despacho, código 1020, grado 08, adscrito a la Dirección General.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, Caicedo Cano asumió funciones como asesor del Invías el 24 de enero de 2023, cuando mantenía una relación contractual con la Institución Universitaria Pascual Bravo, establecimiento público de educación superior ubicado en Medellín. La coexistencia de ambos vínculos constituyó el fundamento de la actuación adelantada por el Ministerio Público.

En la parte resolutiva del fallo, la Procuraduría determinó que se encontraban acreditados los presupuestos de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad relacionados con la conducta investigada. Por esta razón, declaró la responsabilidad disciplinaria del exasesor e impuso la sanción prevista en el numeral segundo del artículo 48 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021.

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El proceso tuvo su origen en una publicación del 7 de junio de 2023 que dio a conocer presuntas irregularidades relacionadas con la vinculación laboral y contractual de Caicedo Cano. A partir de esos hechos, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá ordenó iniciar una indagación previa el 14 de junio de ese año.

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2023, el organismo de control dispuso la apertura formal de una investigación disciplinaria. La etapa investigativa concluyó el 7 de junio de 2024 y, mediante pliego de cargos formulado el 4 de junio de 2025, se atribuyó al entonces funcionario el desconocimiento de las restricciones legales aplicables al ejercicio simultáneo de actividades públicas y contractuales.

En sus consideraciones, el organismo de control señaló que Caicedo Cano asumió el empleo de asesor del Invías sin haber resuelto previamente su situación contractual con la institución universitaria. La Procuraduría consideró que esta circunstancia comprometió el deber de observar las incompatibilidades establecidas para quienes adquieren la condición de servidores públicos.

El artículo segundo de la decisión establece expresamente la sanción de «destitución e inhabilidad general por el término de ocho (8) años». La medida se fundamenta en los criterios de graduación establecidos en el artículo 50 del Código General Disciplinario y en las consideraciones desarrolladas por el despacho durante el proceso de juzgamiento.

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Sin embargo, la sanción todavía no se encuentra en firme. El fallo establece que los sujetos procesales pueden presentar un recurso de apelación dentro de los diez días siguientes a su notificación. La solicitud deberá ser resuelta por la Procuraduría Delegada de Juzgamiento que corresponda por reparto y tendrá efecto suspensivo.

Una vez ejecutoriada la decisión, el Invías deberá adelantar las actuaciones administrativas necesarias para hacer efectiva la sanción. La providencia también contempla que, si Caicedo Cano ya no ocupa el cargo y resulta imposible ejecutar materialmente la destitución, se apliquen las disposiciones legales correspondientes, sin perjuicio de la inhabilidad general impuesta.

El fallo forma parte del expediente identificado con radicado IUS E-2023-384222 e IUC D-2023-3027427. La decisión también ordena que, cuando adquiera firmeza, se realicen las anotaciones y comunicaciones correspondientes en los sistemas de información y registros disciplinarios establecidos por la legislación colombiana.

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