Judicial
Denuncian penalmente al director de Fedemunicipios por contratos relacionados con recursos del Simit
Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios desde hace tres décadas, fue incluido en una denuncia presentada ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos que superarían los $45.800 millones. El documento también señala operaciones entre empresas vinculadas a la Federación.
El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), Gilberto Toro Giraldo, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la contratación y administración de recursos públicos relacionados con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).
La acción judicial fue presentada por el abogado Ricardo Ruge, quien solicita investigar posibles conductas relacionadas con interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad documental y otros delitos contra la administración pública. Se trata de señalamientos formulados por el denunciante, cuya responsabilidad penal deberá determinarse mediante las actuaciones correspondientes.
Según el documento, los hechos denunciados comprenderían operaciones contractuales desarrolladas desde marzo de 2015 y relacionadas con una empresa en cuya composición accionaria participa la propia Federación Colombiana de Municipios. La denuncia plantea posibles conflictos de interés por la intervención de directivos y representantes de entidades que mantienen relaciones societarias y contractuales entre sí.
La Federación Colombiana de Municipios administra, por mandato legal, el Simit, sistema que centraliza información sobre multas y sanciones de tránsito en Colombia. La controversia se concentra en la contratación financiada con recursos asociados al porcentaje del recaudo que la legislación destina al funcionamiento y administración de este sistema.
El artículo 10 de la Ley 769 de 2002 establece que la Federación Colombiana de Municipios percibe el 10% del valor de las multas de tránsito pagadas por los ciudadanos, como contraprestación por la administración del Simit. Esta disposición constituye el fundamento legal de los recursos cuya contratación cuestiona el abogado Ruge.
De acuerdo con la denuncia, seis contratos registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) alcanzan los $43.181 millones. Al agregar un contrato adicional de 2022 y servicios de alojamiento tecnológico, el monto señalado asciende a $45.821 millones. Los negocios comprenden infraestructura informática, almacenamiento de información, actualización de plataformas y servicios tecnológicos relacionados con la operación del sistema.
Uno de los aspectos señalados es la relación societaria entre las entidades involucradas. Según el documento, Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora) tendría una participación accionaria del 50,1% en Dicitec, mientras que la Federación Colombiana de Municipios tendría el 5%. El denunciante solicita establecer si esas relaciones pudieron incidir en las decisiones de contratación directa.
La denuncia también identifica al gerente y representante legal de Dicitec, Enrique Alfonso López Pinilla, y al director ejecutivo de Masora, Fabio Antonio Ríos Urrea. Ambos aparecen relacionados con las actuaciones contractuales que el abogado solicita investigar, junto con Gilberto Toro Giraldo, quien dirige la Federación desde 1996.
Otro de los contratos cuestionados alcanza los $25.290 millones. Según la información presentada por Ruge, Dicitec habría subcontratado servicios por $17.432 millones con Smart Cloud S.A.S., sociedad que también tendría participación accionaria en Dicitec. La diferencia de $7.858 millones es descrita por el denunciante como un margen de intermediación cuya justificación económica y contractual debería examinar la Fiscalía.
El abogado sostiene que una proporción superior al 50% de los recursos administrados por el Simit sería ejecutada mediante Dicitec. Esta afirmación forma parte de su denuncia y requiere contrastarse con los estados financieros, los contratos y los registros oficiales de ejecución presupuestal de las entidades involucradas.
En el escrito presentado ante la Fiscalía, Ruge sostiene que existió un direccionamiento contractual hacia Dicitec desde la Federación Colombiana de Municipios. La investigación solicitada busca establecer si la participación simultánea de las entidades como accionistas y contratantes pudo comprometer las reglas aplicables a la contratación financiada con recursos públicos.
La denuncia también incluye cuestionamientos sobre las fotomultas
El caso tiene otro componente relacionado con los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito. El 19 de mayo de 2026, la Superintendencia de Transporte anunció investigaciones administrativas contra 37 organismos de tránsito por presuntos incumplimientos en la operación de cámaras de fotodetección, durante el periodo comprendido entre 2018 y 2024.
Según la información oficial divulgada entonces, las actuaciones involucraban más de 7,5 millones de comparendos. La entidad identificó 5.832.906 multas pendientes de pago que debían ser revocadas de oficio y 1.582.398 sanciones pagadas, cuyos recaudos superaban $1,05 billones y podrían dar lugar a devoluciones. Estas cifras corresponden a la investigación administrativa sobre los organismos de tránsito, distinta de la denuncia penal contra los directivos. Superintendencia de Transporte+1
Ruge relaciona ambos asuntos al cuestionar la administración de los recursos provenientes de las sanciones de tránsito y los contratos tecnológicos asociados al Simit. Sin embargo, la existencia de investigaciones administrativas y de una denuncia penal no significa que todas las fotomultas impuestas en Colombia sean ilegales ni que exista una decisión general de devolución para todos los conductores.
El abogado también ha promovido una plataforma para orientar solicitudes de devolución de fotomultas que considera irregulares. No obstante, cualquier reclamación debe examinar las circunstancias particulares del comparendo, la situación del organismo de tránsito correspondiente y las decisiones administrativas o judiciales aplicables.
