Judicial
Corte Constitucional avaló la emergencia económica por el terremoto, pero limitó el uso de los recursos
La Corte Constitucional declaró exequible la emergencia económica decretada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto del 10 de agosto. La decisión establece restricciones presupuestales, territoriales y de control sobre los recursos destinados a la reconstrucción.
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el estado de emergencia económica decretado por el Gobierno nacional para atender las consecuencias del terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión fue adoptada con siete votos a favor y uno en contra, y establece condiciones para la utilización de los recursos públicos, que deberán destinarse exclusivamente a la atención de los daños ocasionados por el desastre.
El alto tribunal determinó que los recursos obtenidos mediante las medidas extraordinarias no podrán financiar gastos ajenos a la emergencia ni utilizarse para cubrir el déficit fiscal del Gobierno nacional. Asimismo, exhortó al presidente Abelardo de la Espriella a ejecutar un plan de recuperación de las zonas afectadas y establecer una programación financiera que contemple las necesidades de reconstrucción durante varios años.
La decisión también delimita el alcance territorial de la emergencia económica. Las medidas únicamente podrán aplicarse en municipios que registren afectaciones documentadas ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Para incorporar otros territorios, el Ejecutivo deberá presentar soportes técnicos que acrediten su relación con los daños provocados por el movimiento sísmico.
Ministerio de Hacienda deberá revisar el costo de la emergencia
La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda recalcular, en un plazo de 20 días, el costo de la emergencia y revisar las adiciones presupuestales necesarias para financiar las intervenciones. La decisión se conoce después de que las comisiones económicas del Congreso aprobaran en primer debate una adición de $3,8 billones al Presupuesto General de la Nación, que incluye recursos para atender las consecuencias del terremoto.
El tribunal también estableció obligaciones para las entidades responsables de ordenar el gasto. Estas deberán justificar, mediante decreto, las razones por las cuales los mecanismos presupuestales ordinarios resultan insuficientes para atender las necesidades derivadas de la emergencia. La exigencia comprende los recursos que todavía no hayan sido comprometidos o ejecutados por las instituciones encargadas de las intervenciones.
Por su parte, el Gobierno nacional deberá implementar mecanismos de seguimiento que permitan identificar la destinación de los recursos y facilitar el acceso de los organismos de control a la información sobre su ejecución. Estas condiciones buscan mantener la relación entre las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo y las necesidades específicas que motivaron la declaratoria.
Once decretos reglamentan las medidas para la reconstrucción
La emergencia económica comprende 11 decretos expedidos por el Gobierno nacional para movilizar recursos, modificar mecanismos de financiación y facilitar la recuperación de los territorios afectados. Entre las disposiciones se encuentran la creación del Fondo Milagro, la ampliación del mecanismo de Obras por Impuestos y la flexibilización de determinados procedimientos presupuestales para las administraciones departamentales y municipales.
Uno de los instrumentos es el Decreto 1382, que permite a las entidades territoriales realizar movimientos temporales de recursos, acceder a operaciones de crédito y asumir obligaciones de endeudamiento bajo condiciones excepcionales durante la emergencia. Estas facultades deberán ejercerse dentro de los límites establecidos por la Corte Constitucional y en relación con las necesidades de atención y reconstrucción.
Otra de las disposiciones contempla facultades para que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) adelante operaciones de venta de activos. La implementación de estas medidas estará sujeta a las restricciones fijadas por el tribunal, particularmente frente a la destinación de los recursos y la obligación de justificar su utilización dentro del contexto de la emergencia.
