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Economía

ANIF advierte que aumento del IVA a la canasta básica afectaría a hogares y empresas

El centro de estudios económicos respaldó la Ley de Rescate Económico, pero pidió revisar el incremento del IVA del 5% al 19% y las medidas que elevarían los costos laborales.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) manifestó su respaldo a la Ley de Rescate Económico, aunque advirtió sobre los efectos que podrían tener algunas de sus disposiciones en los hogares y las empresas colombianas. El centro de pensamiento señaló que el aumento de impuestos al consumo podría generar una presión adicional sobre los ingresos familiares y afectar las actividades productivas.

En su pronunciamiento, ANIF cuestionó especialmente la propuesta de elevar del 5% al 19% el impuesto al valor agregado (IVA) sobre determinados productos de la canasta básica, así como la posibilidad de gravar bienes y servicios que actualmente no están sujetos a este impuesto. Según la entidad, estas modificaciones podrían ocasionar pérdidas de bienestar para los consumidores.

Aunque la iniciativa contempla un mecanismo de devolución del IVA para los hogares de menores ingresos, el centro de estudios advirtió que su implementación enfrenta dificultades políticas y económicas. De acuerdo con sus estimaciones, el 62% del valor de la canasta que tendría mayores impuestos corresponde a bienes y servicios de consumo intermedio, utilizados como insumos en diferentes procesos productivos.

ANIF sostuvo que imponer nuevas cargas tributarias a los hogares genera una “fatiga difícil de conciliar” y pidió revisar el alcance de las modificaciones propuestas. En su pronunciamiento, la entidad señaló que “valdría la pena repensar alguna de estas medidas y que el país tenga tiempo para analizar diferentes escenarios”.

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ANIF alerta sobre mayores costos laborales para las empresas

Otro de los puntos señalados por ANIF está relacionado con la reducción de las deducciones tributarias correspondientes a pagos parafiscales realizados por los empleadores. Según sus cálculos, esta modificación aumentaría los costos asociados a la contratación formal y tendría efectos diferenciados dependiendo del nivel salarial de los trabajadores.

El centro de pensamiento estimó que una empresa con un trabajador que devengue tres salarios mínimos mensuales enfrentaría un sobrecosto de aproximadamente 315.000 pesos, mientras que para un empleado con ingresos equivalentes a cuatro salarios mínimos el incremento alcanzaría los 950.000 pesos. Estas cifras fueron presentadas por la entidad como parte de su análisis de las disposiciones tributarias.

“En un momento de acelerado cambio tecnológico y un ambiente de competencia que premia la automatización, esta medida es inconveniente”, señaló ANIF al referirse a los posibles efectos sobre la contratación laboral. La organización también solicitó incorporar medidas contra el contrabando y reconsiderar los incrementos tributarios previstos para determinados productos de alcohol y cigarrillos.

Recortes al gasto público y venta de activos, entre las propuestas

Como alternativa para atender las necesidades fiscales del Gobierno nacional, ANIF planteó una reducción del gasto público. Entre sus propuestas figura disminuir al menos un 10 % los cargos creados durante los últimos años en la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control.

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La entidad también recomendó mejorar la focalización de los subsidios estatales y considerar la enajenación de activos públicos, entre ellos la participación del Estado en Interconexión Eléctrica S. A. (ISA). Según su planteamiento, estas operaciones permitirían reducir las necesidades de financiamiento de la Nación y disminuir los recursos destinados al servicio de la deuda durante los próximos años.

En materia empresarial, ANIF propuso aplazar la reducción de la tarifa del impuesto de renta corporativa para evitar aumentos en los costos laborales. “También preferimos que se posponga la reducción en la tasa de renta corporativa a cambio de no incrementar los costos asociados a la nómina de las empresas, protegiendo así el empleo”, indicó el centro de pensamiento.

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