Economía
Gobierno estudia cambiar los estratos socioeconómicos y calcular subsidios según los ingresos de los hogares
La propuesta incluida en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo plantea reemplazar progresivamente la clasificación basada en las características de las viviendas por un sistema que considere la capacidad económica de las familias.
El Gobierno nacional estudia una reforma al sistema de estratos socioeconómicos en Colombia para que la asignación de subsidios de servicios públicos dependa de los ingresos de los hogares y no exclusivamente de las características físicas de sus viviendas. La propuesta aparece en el borrador de las bases del Plan Nacional de Desarrollo..
La iniciativa contempla avanzar hacia un Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta que permitiría clasificar a las familias de acuerdo con su capacidad económica. Para construir esta información, el Gobierno propone integrar los datos del Sisbén IV, el Registro Social de Hogares y los sistemas de información tributaria, laboral y de seguridad social.
Según el documento, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con otras entidades, desarrollaría pruebas piloto para evaluar la incorporación progresiva de variables socioeconómicas y catastrales al sistema de estratificación. Este proceso permitiría establecer mecanismos de clasificación que tengan en cuenta las condiciones económicas de los hogares, además de la información relacionada con los inmuebles.
Los ingresos podrían determinar quién recibe subsidios
Actualmente, la estratificación socioeconómica en Colombia clasifica los inmuebles residenciales en seis categorías, principalmente a partir de sus características físicas y las condiciones del entorno. Esta clasificación se utiliza para establecer subsidios y contribuciones en las tarifas de determinados servicios públicos domiciliarios, aunque no constituye una medición directa de los ingresos de quienes habitan las viviendas.
La propuesta busca modificar esa relación mediante la identificación de la capacidad económica de cada hogar. El cambio tendría efectos sobre la focalización de los subsidios de energía eléctrica, gas natural por redes, acueducto, alcantarillado y aseo, con el propósito de dirigir los recursos públicos hacia las personas que cumplan los criterios de vulnerabilidad económica.
El borrador señala que parte de los recursos destinados a estos sectores beneficia actualmente a usuarios que no necesariamente presentan condiciones de pobreza. En ese sentido, el documento advierte que “una proporción significativa de los recursos de inversión de los sectores de minas, energía, acueducto, alcantarillado y aseo se destina a usuarios que no necesariamente se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad”.
Esta situación se relaciona con los denominados errores de inclusión y exclusión en la asignación de subsidios. Los primeros ocurren cuando una ayuda llega a personas que no cumplen las condiciones establecidas para recibirla, mientras que los segundos se presentan cuando hogares que necesitan apoyo quedan por fuera de los programas.
Sin embargo, el documento conocido hasta ahora no establece un calendario definitivo para sustituir el sistema de estratificación ni precisa cómo se modificarían las tarifas de los servicios públicos. La propuesta se encuentra en una fase de formulación y su aplicación dependería de las disposiciones que finalmente sean incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo y de su posterior reglamentación.
El Gobierno también plantea unificar las transferencias monetarias
La transformación del sistema de clasificación económica estaría acompañada de una reorganización de los programas de transferencias monetarias. De acuerdo con el borrador, el Gobierno propone crear un sistema denominado Programa Colombia, que integraría las ayudas sociales en tres líneas de atención: Colombia Mayor, Familias Colombia y Colombia Joven.
La información del Registro Universal de Ingresos y del Registro Social de Hogares serviría para identificar a los posibles beneficiarios y establecer criterios de acceso a estos programas. La intención es contar con información integrada sobre las condiciones económicas de las familias y reducir las diferencias entre los mecanismos utilizados actualmente para asignar las ayudas.
El documento también contempla que las transferencias monetarias sean inembargables y estén exentas del impuesto sobre las ventas (IVA) y del gravamen a los movimientos financieros, conocido como cuatro por mil. Estas disposiciones, de ser aprobadas en los términos propuestos, establecerían condiciones específicas para la administración y entrega de los recursos.
Cuentas Milagro: ahorro para niños nacidos entre 2027 y 2030
Otra de las iniciativas incluidas en el borrador es la creación del programa Cuentas Milagro, mediante el cual se abrirían cuentas individuales de ahorro a niños nacidos en hogares en situación de pobreza entre 2027 y 2030. Los recursos permanecerían depositados y generarían rendimientos hasta que los beneficiarios cumplan 18 años.
La propuesta plantea un mecanismo de ahorro de largo plazo que permitiría acumular recursos durante la infancia y la adolescencia. Este modelo presenta características similares a los programas internacionales conocidos como baby bonds, que buscan facilitar la formación de patrimonio desde los primeros años de vida.
No obstante, la información divulgada todavía no permite establecer el monto que recibiría cada beneficiario, la fuente de financiación del programa ni las condiciones para utilizar los recursos una vez alcanzada la mayoría de edad. Estos aspectos requerirían una definición en el texto definitivo y en las normas que regulen su implementación.
La reforma todavía no está aprobada
Las propuestas forman parte de un borrador de las bases del Plan Nacional de Desarrollo y, por tanto, no representan modificaciones vigentes al sistema de estratificación ni a los programas de subsidios. Su alcance definitivo dependerá del contenido que presente el Gobierno y del trámite institucional correspondiente.
La publicación de la versión final permitirá establecer cuáles de las medidas se mantienen, qué entidades asumirían su ejecución y cómo se financiaría la transición hacia un sistema de clasificación basado en los ingresos. Mientras tanto, los estratos socioeconómicos continúan siendo utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes.
