Gobierno
Juez ordena a la Cancillería proteger la colección de la Biblioteca Marco Fidel Suárez
Un fallo de tutela establece medidas de conservación para los libros y documentos trasladados de la sede de la Cancillería en Bogotá. La entidad deberá garantizar su consulta pública e informar dónde se encuentran las colecciones.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores adoptar medidas urgentes para proteger las colecciones de la Biblioteca Marco Fidel Suárez, luego de su traslado a una nueva sede. La decisión judicial también exige garantizar el acceso ciudadano al material bibliográfico y establecer un cronograma para restablecer los servicios de consulta.
La sentencia, fechada el 13 de noviembre de 2026, resolvió una acción de tutela presentada por la abogada Cindy Reyes Sinisterra, quien cuestionó las condiciones de almacenamiento de los libros, las restricciones de acceso y la falta de información sobre el destino de parte del patrimonio documental. El despacho examinó las posibles afectaciones a los derechos de acceso a la información, la educación y la cultura.
El fallo establece un plazo de 48 horas, contado desde la notificación, para que la Cancillería adopte medidas de conservación en los espacios donde permanece almacenado el material. Entre las disposiciones se encuentran ubicar las cajas sobre plataformas elevadas, evitar apilamientos excesivos, corregir riesgos eléctricos y prevenir daños asociados con filtraciones de agua y humedad.
La decisión también fija un término de cinco días hábiles para que el Ministerio informe la ubicación de la colección general y de los ejemplares patrimoniales, comunique una fecha de reanudación de la consulta pública y presente un cronograma de organización, inventario y conservación. Durante ese periodo deberá mantener mecanismos provisionales para que investigadores y ciudadanos puedan solicitar los documentos.
El despacho dispuso, además, que la Cancillería se abstenga de descartar, depurar, donar, dar de baja o trasladar nuevamente los ejemplares sin cumplir los requisitos técnicos y administrativos correspondientes. Cualquier actuación de esa naturaleza deberá contar con un acto administrativo motivado, un inventario físico conciliado con el catálogo institucional y las evaluaciones especializadas que resulten necesarias.
La controversia comenzó después de que la Cancillería anunciara, el 18 de septiembre, un cierre parcial y temporal de la biblioteca a partir del día 21 de ese mes. En su comunicación oficial, la entidad explicó que adelantaría actividades de inventario, valoración y organización de las colecciones, aunque no estableció una fecha para la normalización de la atención presencial.
Posteriormente, el 29 de octubre, se realizó el traslado de las colecciones bibliográfica y hemerográfica. El procedimiento generó cuestionamientos sobre las condiciones de embalaje, transporte y almacenamiento de los materiales, así como sobre la continuidad del servicio público que presta la biblioteca, especializada en relaciones internacionales, historia, ciencias sociales y asuntos diplomáticos.
En un comunicado del 6 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que las colecciones patrimonial, cartográfica y audiovisual permanecían en el edificio Olaya Herrera. También informó que el proceso de reorganización estaba relacionado con el funcionamiento de la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo.
El Ministerio también informó que los usuarios pueden consultar el catálogo institucional y solicitar materiales mediante correo electrónico. Una vez recibida la petición, la biblioteca debe comunicar la disponibilidad del documento y, cuando corresponda, asignar una fecha y hora para su consulta presencial. Este mecanismo fue anunciado como una alternativa temporal durante la reorganización.