Documentos de la DNI señalan presuntos planes de espionaje a expresidentes

Los documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) divulgados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol contienen señalamientos sobre presuntos planes de espionaje a expresidentes y exvicepresidentes. La investigación, publicada el 8 de noviembre, también recoge alertas sobre seguridad informática, posibles interferencias electorales y adquisiciones de tecnología que habrían presentado fallas o incumplimientos.

Uno de los soportes es un informe de empalme de 26 páginas, fechado en julio de 2026 y dirigido al director entrante de la entidad. Según la publicación, reúne documentos, fotografías y testimonios de funcionarios. Sus contenidos corresponden a reportes y análisis internos, cuyo alcance debe distinguirse de conclusiones judiciales sobre responsabilidades individuales.

El señalamiento sobre los exmandatarios parte de una fuente humana citada en ese informe. Según esa versión, la agencia habría contemplado instalar micrófonos y dispositivos de localización GPS en vehículos destinados a sus esquemas de protección. La información divulgada no establece cuáles automotores habrían sido intervenidos ni identifica personas efectivamente sometidas a seguimiento.

El documento relaciona esa presunta intención con el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, que incluyó a la DNI entre las entidades encargadas de asignar vehículos para dichos esquemas. La participación en ese suministro y la eventual instalación de dispositivos constituyen asuntos distintos: la disposición administrativa, por sí sola, no demuestra que se hubieran ejecutado operaciones de espionaje.

Otro apartado menciona una vivienda cercana a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que habría funcionado como instalación operativa sin registro oficial. Según la fuente recogida en el informe, el inmueble fue desocupado después de las elecciones y sus registros habrían sido eliminados. La publicación no precisa qué operaciones se realizaron desde ese lugar.

Los documentos también advierten sobre computadores y teléfonos entregados presuntamente a funcionarios que recibieron capacitación en Rusia. El informe plantea que podrían contener programas destinados a acceder a los sistemas institucionales. Esa advertencia constituye una hipótesis técnica que requiere análisis forense; la información divulgada no aporta resultados que confirmen una infección.

En materia electoral aparece Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero vinculado a la DNI desde febrero de 2024. Los registros citados le atribuyen un supuesto papel en una red que buscaría atacar los sistemas de la Registraduría y modificar resultados de las elecciones presidenciales. Los apartes publicados no demuestran que esa alteración hubiera ocurrido.

Según el reportaje, Oyola tenía una orden de captura desde el 7 de mayo de 2026 y continuaba vinculado a la entidad cuando fue detenido en Neiva, en noviembre. La investigación periodística relaciona el requerimiento judicial con presuntas irregularidades informáticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, un expediente que debe diferenciarse de los señalamientos electorales.

El informe enviado a la Presidencia en septiembre también lo relaciona con el desarrollo de una nueva versión del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia. Según ese documento, el proyecto no fue entregado y Oyola habría informado del hurto del computador en el que trabajaba. La publicación señala que no se encontró una denuncia que respaldara esa explicación.

Los cuestionamientos contractuales incluyen un helicóptero no tripulado adquirido por 9.000 millones de pesos. Según los documentos reseñados, un reporte técnico de agosto de 2025 identificó problemas en comunicaciones, combustible, transmisión y motor. Además, se menciona un siniestro ocurrido en marzo de 2026 y una cobertura asegurada de 900 millones de pesos.

Otro informe relaciona la compra de tres sistemas antidrones por 8.340 millones de pesos y de 595 computadores por 1.314 millones. Sobre estos últimos, el documento afirma: “La calidad de los equipos no es óptima”. También registra adquisiciones de mobiliario para la sede de Funza, entre ellas atriles de 14 millones de pesos y camas de 18 millones por unidad.

La información divulgada reúne alertas de distinta naturaleza: testimonios sobre operaciones, sospechas técnicas y observaciones contractuales. Para establecer responsabilidades se requieren los documentos completos, los resultados de las verificaciones y las versiones de los señalados. El material reseñado no incluye una respuesta integral de estos últimos ni decisiones judiciales que resuelvan los señalamientos.