Corte Suprema abre indagación contra Sandra Ramírez y ‘Marcos Calarcá’ por asesinato de Miguel Uribe

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra Sandra Ramírez Lobo Silva y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’, por los señalamientos que los relacionan con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

La actuación judicial está a cargo de la magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano y tiene como propósito determinar si existen elementos probatorios que justifiquen la apertura de una investigación formal contra los antiguos integrantes de las FARC. La indagación constituye una etapa de verificación y no implica que se haya establecido responsabilidad penal de los excongresistas.

La decisión tiene como antecedente una compulsa de copias realizada por la Fiscalía el 20 de octubre de 2026, luego de recibir información suministrada por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. Entre los elementos aportados figuran presuntas conversaciones que mencionarían la participación de antiguos integrantes del partido Comunes en la planeación del atentado. La autenticidad y el origen de esas comunicaciones son objeto de verificación.

En una entrevista concedida a Noticias Caracol el 14 de octubre, Tarazona aseguró que había recibido información según la cual la orden de asesinar a su esposo habría salido del Congreso. También sostuvo que los recursos destinados a financiar el crimen procederían de Venezuela. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos que las autoridades deberán contrastar con las pruebas disponibles.

El exsenador Julián Gallo, antiguo integrante de las FARC, confirmó públicamente la existencia de la actuación judicial durante una intervención realizada el 11 de noviembre. “La semana pasada la Corte respondió a los abogados que asumieron ese proceso que estaba iniciando una indagación sobre Luis Alberto Albán y Sandra Ramírez, pero es como una investigación preliminar”, manifestó.

Gallo también rechazó los señalamientos contra los antiguos integrantes de Comunes. “Absolutamente, ningún integrante de la bancada de Comunes tuvo que ver en ese homicidio”, aseguró el excongresista. Por su parte, Albán y otros antiguos miembros de esa colectividad habían rechazado públicamente las acusaciones formuladas por Tarazona mediante un pronunciamiento divulgado el 14 de octubre.

La defensa de Albán también solicitó a la Fiscalía establecer si las referencias a ‘Calarcá’ en los mensajes corresponden a su representado o a Alexander Díaz Mendoza, jefe de una disidencia de las FARC conocido con ese mismo alias. La identificación de las personas mencionadas en las comunicaciones constituye uno de los aspectos que deberán esclarecerse durante las actuaciones judiciales.

En paralelo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó información sobre la situación judicial de Sandra Ramírez. Mediante un auto del 3 de noviembre, la magistrada Lily Rueda Guzmán pidió a la Corte Suprema precisar si la exsenadora estaba incluida en la compulsa de copias y si existían actuaciones que la relacionaran con el asesinato de Uribe Turbay.

La solicitud se produjo en el marco del seguimiento a los compromisos de Ramírez ante la justicia transicional. La excongresista comparece en el Caso 07 de la JEP, relacionado con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado. Para este jueves 12 de noviembre está prevista la continuación de su versión voluntaria, mediante una diligencia virtual programada para las 2:00 de la tarde.

Miguel Uribe Turbay fue atacado con arma de fuego el 7 de junio de 2025, durante un acto político en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, en Bogotá. El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático falleció el 11 de agosto de ese año, a los 39 años, después de permanecer hospitalizado durante más de dos meses. Noticias RCN