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Indepaz reporta 45 líderes sociales asesinados en los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella
El informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz también registra 26 masacres, ocho firmantes del Acuerdo de Paz asesinados y 339 hechos clasificados como terrorismo.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documentó el asesinato de 45 líderes sociales y defensores de derechos humanos entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026, periodo correspondiente a los primeros 100 días del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La cifra equivale, en promedio, a un asesinato cada 2,2 días.
De los 45 líderes sociales asesinados, 36 eran hombres y nueve mujeres. Según las cifras presentadas por la organización, 24 de las víctimas ejercían liderazgos comunitarios o comunales, una categoría que representa más de la mitad de los casos documentados. Estos liderazgos comprenden actividades de representación, organización y participación ciudadana en los territorios.
La distribución geográfica muestra que Cauca registró 11 asesinatos, seguido de Antioquia, con ocho, y Putumayo, con cuatro. En conjunto, estos tres departamentos concentraron 23 de los 45 casos reportados. Indepaz también señaló que en 44 de los asesinatos no se había identificado al presunto responsable, una circunstancia que limita el establecimiento de responsabilidades individuales y la identificación de posibles patrones criminales.
Indepaz documentó 26 masacres y ocho firmantes de paz asesinados
El informe también registra 26 masacres que dejaron 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad. Valle del Cauca aparece como el departamento con mayor número de estos hechos durante el periodo examinado. Las cifras corresponden a episodios de violencia colectiva y se presentan de manera independiente del registro de asesinatos de líderes sociales.
En cuanto a los exintegrantes de las Farc que suscribieron el Acuerdo Final de Paz de 2016, Indepaz documentó ocho asesinatos. La protección de esta población forma parte de los compromisos de seguridad derivados del acuerdo, que contempla garantías para quienes dejaron las armas y participan en procesos de reincorporación a la vida civil.
Otro de los indicadores incluidos en el balance corresponde a 339 hechos clasificados como terrorismo, con fecha de corte del 5 de noviembre de 2026. Indepaz precisó que los registros del informe no tienen necesariamente el mismo periodo de observación y que las categorías no deben sumarse, debido a que algunas contabilizan hechos y otras personas, con posibles coincidencias entre víctimas.
Desplazamiento forzado afectó a 6.667 personas en dos meses
El seguimiento de Indepaz incorpora 17 eventos de desplazamiento forzado registrados durante agosto y septiembre de 2026, que afectaron a 6.667 personas. Trece de estos episodios fueron clasificados como desplazamientos masivos. Cauca concentró 3.474 personas desplazadas, seguido de Chocó, con 1.609; Antioquia, con 739, y Bolívar, con 424.
Según el documento, el 63,7% de las personas desplazadas durante esos dos meses resultaron afectadas por enfrentamientos entre grupos armados. El instituto relacionó parte de la situación en Cauca con los combates y ataques con drones registrados en Cajibío, especialmente en los corregimientos de Ortega y Chaux. La organización aclaró que este indicador no corresponde al acumulado completo de los primeros 100 días.
Indepaz pide investigar seis denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales
Uno de los apartados del informe recoge al menos seis denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre septiembre y octubre de 2026. La organización advierte que estos señalamientos requieren investigaciones judiciales para establecer las circunstancias de cada muerte, la eventual participación de agentes estatales y las responsabilidades individuales.
Entre los casos identificados aparecen Donovan Balanta Paz, en Bogotá; Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, en Santa Marta; Luis Carlos Mojica Guzmán, en La Macarena; Luis Alfredo Chocó Echeverry, en Villa Rica; Keiner Banguera Mancilla, en El Charco, y Jhesmy Yasmín Rodríguez Calzada, en Meta. Indepaz señala que la información disponible no permite anticipar conclusiones judiciales sobre estas denuncias.
Ocho bombardeos y riesgos para menores reclutados
El balance también documenta ocho bombardeos ejecutados durante el periodo analizado. Indepaz recordó que las operaciones militares deben ajustarse a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el derecho internacional humanitario, especialmente cuando existe información sobre posibles afectaciones a personas civiles.
La organización expresó preocupación por la eventual presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados en los campamentos atacados. El informe no establece un número de menores muertos o heridos en esas operaciones, debido a que no dispone de información suficiente para confirmar esas afectaciones.
En relación con la fuerza pública, el documento recoge un balance de 43 uniformados asesinados y 219 heridos, a partir de cifras atribuidas al Ministerio de Defensa. Indepaz diferencia estos registros de los indicadores de violencia contra civiles y advierte que requieren un análisis específico de las circunstancias de cada ataque.
La violencia contra líderes sociales y los antecedentes del conflicto
El asesinato de líderes sociales continúa siendo uno de los fenómenos documentados desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Según los registros históricos citados de Indepaz, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2025 fueron asesinados 48 líderes sociales, la misma cantidad reportada para ese periodo de 2024.
Frente a esos antecedentes, los 45 asesinatos registrados en 2026 representan tres casos menos que en cada uno de los dos periodos anteriores. Sin embargo, la comparación corresponde únicamente a intervalos equivalentes de tiempo y no permite establecer, por sí sola, una tendencia sostenida de reducción de la violencia.
Indepaz también precisa que la ausencia de un presunto responsable identificado en sus registros no significa que las autoridades judiciales carezcan de investigaciones. La organización distingue entre la información disponible en su monitoreo y los avances que puedan existir en los expedientes de la Fiscalía.