Judicial
María Claudia Tarazona acusa a Gustavo Petro y Nicolás Maduro de ordenar el asesinato de Miguel Uribe
La viuda del senador y excandidato presidencial aseguró que la Segunda Marquetalia participó en la ejecución y financiación del crimen, pero sostuvo que la orden habría provenido de Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Sus señalamientos no cuentan con una confirmación judicial.
María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, señaló este martes 17 de noviembre de 2026 al expresidente colombiano Gustavo Petro y al mandatario venezolano Nicolás Maduro como presuntos responsables de ordenar el magnicidio ocurrido en Bogotá en 2025. La declaración se produjo durante el primer Simposio de Seguridad, realizado en la capital del país, donde también cuestionó los avances de la investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Durante su intervención, Tarazona afirmó que la Segunda Marquetalia habría participado en la organización, ejecución y financiación del atentado, pero sostuvo que la responsabilidad intelectual debía buscarse más allá de esa estructura disidente de las antiguas Farc. En ese contexto, aseguró que quienes dieron la orden fueron, presuntamente, el “narcopresidente Gustavo Petro y el narcodictador Maduro”, expresiones utilizadas por ella durante su declaración pública.
La viuda del dirigente político manifestó que espera que las autoridades judiciales establezcan las responsabilidades correspondientes mediante las investigaciones y decisiones de los jueces. También cuestionó la respuesta institucional frente al asesinato de su esposo. “No ha habido una respuesta oportuna frente al magnicidio”, afirmó durante el encuentro, en el que se anunció que la Escuela de Formación de la Unidad Nacional de Protección llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay.
La Segunda Marquetalia y la investigación del magnicidio
La Fiscalía General de la Nación ha identificado a integrantes de la Segunda Marquetalia como presuntos responsables de la planificación del asesinato de Miguel Uribe Turbay. El 6 de noviembre de 2026 se conocieron nuevos avances en la estrategia judicial para imputar cargos a siete cabecillas de esa organización, señalados por los investigadores de haber intervenido en la determinación del atentado.
La investigación también ha examinado la participación de personas encargadas de coordinar la ejecución del ataque y establecer los contactos necesarios para llevarlo a cabo. Entre los nombres mencionados figura Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias El Viejo, señalado de intervenir en la articulación del plan criminal. Sin embargo, la identificación definitiva de quienes financiaron y ordenaron el homicidio continúa siendo uno de los asuntos pendientes del proceso.
En su intervención del 17 de noviembre, Tarazona sostuvo que más de 1,5 millones de dólares habrían llegado desde Venezuela para financiar el asesinato y que esos recursos fueron entregados a alias El Viejo. La afirmación corresponde a información expuesta por la viuda y no constituye, por sí misma, una conclusión judicial sobre el origen del dinero ni sobre la responsabilidad de autoridades venezolanas.
Tarazona también señala a personas vinculadas con antiguos dirigentes de las Farc
María Claudia Tarazona mencionó a Enrique Marulanda, hijo del fallecido fundador de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tirofijo, y de la excongresista Sandra Ramírez. Según su versión, Marulanda habría participado en la financiación del crimen desde el departamento de Guainía. La viuda aseguró que parte de la información que sustenta sus afirmaciones procede de mensajes y comunicaciones recibidas sobre los posibles responsables del atentado.
Los señalamientos se suman a declaraciones anteriores de Tarazona sobre una posible participación de personas relacionadas con el Congreso de la República. El 14 de octubre de 2026, durante una entrevista, sostuvo que había recibido información según la cual la orden de asesinar al senador habría salido del Legislativo y pidió que las autoridades verificaran la eventual intervención de integrantes del entonces partido Comunes.
La investigación judicial también ha motivado pronunciamientos de Miguel Uribe Londoño, padre del dirigente asesinado. En septiembre y octubre de 2026 reclamó avances para identificar a quienes habrían ordenado el homicidio y respaldó el compromiso del presidente Abelardo de la Espriella de esclarecer las responsabilidades intelectuales, además de las relacionadas con la ejecución material del atentado.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 mientras participaba en una actividad política en Bogotá. El senador del Centro Democrático y entonces precandidato presidencial recibió disparos durante el encuentro público. La investigación comenzó ese mismo día, cuando las autoridades aprehendieron al adolescente señalado de ejecutar el ataque, y posteriormente avanzó hacia la identificación de quienes habrían organizado y financiado la operación.
El caso ha dado lugar a actuaciones contra presuntos integrantes de la estructura criminal y a nuevas líneas de investigación relacionadas con la Segunda Marquetalia. La Fiscalía ha planteado la posibilidad de imputar cargos a cabecillas que no han comparecido ante las autoridades, mediante los mecanismos procesales previstos para personas ausentes o que no atienden los llamados judiciales.