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Gobierno

FLIP denuncia presuntas presiones del Gobierno sobre la pauta oficial y las encuestas

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y El Veinte solicitaron al Gobierno nacional aclarar los criterios de asignación de publicidad oficial, tras declaraciones de un directivo de Ecopetrol y una denuncia contra la firma encuestadora Cifras y Conceptos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la organización El Veinte advirtieron sobre posibles mecanismos de censura indirecta relacionados con la distribución de pauta oficial y las actuaciones contra empresas encuestadoras. El pronunciamiento se refiere a dos hechos registrados el 12 de noviembre de 2026, que, según las organizaciones, podrían afectar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio de la libertad de expresión en Colombia.

La primera situación involucra a Carlos Suárez Rojas, identificado en el comunicado como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol y antiguo estratega de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Según las organizaciones, Suárez publicó un mensaje en X en el que cuestionó la veracidad de encuestas difundidas por medios de comunicación y aseguró que estos pertenecían al grupo de medios “a los que el Presidente ordenó dejar sin pauta”.

Para la FLIP y El Veinte, esa declaración plantea interrogantes sobre la posibilidad de que las decisiones de contratación de publicidad estatal estén relacionadas con los contenidos informativos publicados por los medios. Las organizaciones sostienen que la asignación de estos recursos debe responder a criterios técnicos, objetivos y verificables, independientemente de la posición editorial de cada empresa periodística.

El pronunciamiento también señala que la publicidad oficial tiene como finalidad comunicar información institucional de interés público. En consecuencia, las entidades estatales deben evitar que su contratación se utilice como mecanismo de presión económica sobre medios de comunicación. La advertencia se concentra especialmente en los medios regionales, comunitarios e independientes, cuya sostenibilidad financiera puede depender parcialmente de estos contratos.

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El artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 establece que los contratos de publicidad oficial deben obedecer a criterios previamente definidos de efectividad, transparencia y objetividad. La norma también dispone que estos recursos deben contribuir al cumplimiento de las funciones institucionales y garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información, sin utilizarse para promocionar servidores públicos, partidos o candidatos.

En el ámbito internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado la distribución discriminatoria de publicidad estatal como una posible forma de censura indirecta. Bajo estos estándares, las decisiones presupuestales no deben utilizarse para favorecer o perjudicar a empresas periodísticas por sus opiniones, investigaciones o publicaciones sobre las autoridades.

Denuncia contra Cifras y Conceptos ante el CNE

El segundo hecho señalado por las organizaciones corresponde a una denuncia presentada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por Germán Calderón España, antiguo jefe jurídico de la campaña presidencial de De la Espriella y exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cargo que, según el comunicado, ocupó hasta el 6 de noviembre.

La actuación está dirigida contra la firma Cifras y Conceptos y su gerente, César Caballero, por la divulgación de información relacionada con una medición sobre los primeros cien días del Gobierno. Según el pronunciamiento, el estudio situó la popularidad presidencial por debajo del 50%, circunstancia que dio lugar a cuestionamientos sobre las condiciones legales de difusión de encuestas.

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La FLIP y El Veinte reconocieron que existe una regulación aplicable a las encuestas y que cualquier ciudadano puede presentar denuncias ante las autoridades competentes. Sin embargo, advirtieron que los procedimientos sancionatorios pueden generar efectos restrictivos sobre la libertad de expresión cuando están relacionados con la divulgación de información de interés público.

Las organizaciones también relacionaron ambos acontecimientos con antecedentes de restricciones al acceso de determinados medios a espacios informativos del Gobierno y con declaraciones dirigidas contra publicaciones periodísticas. En su pronunciamiento mencionaron expresamente a La Silla Vacía y Cambio, medios que habían sido objeto de cuestionamientos por parte de Suárez.

Ante estos hechos, la FLIP y El Veinte solicitaron a la Presidencia informar si existió alguna instrucción para retirar publicidad oficial a determinados medios y precisar los criterios utilizados para adoptar esas decisiones. También reclamaron la publicación de los contratos de pauta y de la relación de empresas periodísticas beneficiarias de estos recursos.

Las organizaciones pidieron a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República ejercer vigilancia sobre los procesos de contratación de publicidad estatal. Asimismo, solicitaron a Carlos Suárez abstenerse de realizar señalamientos que puedan interpretarse como presiones contra los medios de comunicación.

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