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Congreso

A un mes del cierre de sesiones, estos son los proyectos del Gobierno que esperan trámite en el Congreso

La Ley de Rescate Económico concentra la atención del Ejecutivo por sus efectos sobre el sistema tributario. La agenda también incluye iniciativas sobre simplificación de trámites, seguridad y modificaciones a la relación entre el Congreso y el Gobierno

A menos de un mes de que finalice el segundo periodo de sesiones ordinarias de 2026, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta un calendario legislativo que condiciona el avance de varios de sus proyectos. La reforma tributaria, denominada Ley de Rescate Económico, ocupa un lugar central por los cambios que propone en el impuesto sobre las ventas, la tributación empresarial y las facultades de reorganización administrativa.

El Congreso tiene previsto concluir sus sesiones ordinarias el 16 de diciembre, conforme al calendario establecido en el artículo 138 de la Constitución Política. Hasta entonces, el Ejecutivo deberá buscar acuerdos con las bancadas para avanzar en las discusiones pendientes, aunque existe la posibilidad de convocar sesiones extraordinarias para estudiar iniciativas determinadas por el Gobierno.

La agenda legislativa también contempla la Ley de Competitividad o Antitrámites, una propuesta de reforma constitucional conocida como Ley Antimermelada y un Estatuto Antiterrorista. Sin embargo, estas iniciativas se encuentran en diferentes etapas y no todas tienen las mismas exigencias de aprobación ni los mismos plazos para completar su trámite.

Ley de Rescate Económico:

La Ley de Rescate Económico, identificada como proyecto 477 de 2026 Cámara y 328 de 2026 Senado, fue radicada el 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Su objetivo declarado es estabilizar las finanzas públicas mediante cambios tributarios, reducción del gasto estatal, medidas contra la evasión y estímulos a la inversión privada.

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La iniciativa contempla modificaciones en el impuesto al valor agregado (IVA), incluida la revisión de tratamientos preferenciales para determinados bienes y servicios. Entre los sectores mencionados durante la discusión pública aparecen los alimentos, los servicios digitales y la medicina prepagada. También propone reducir gradualmente la tarifa de renta empresarial, con una tasa que llegaría al 31 %, según el planteamiento presentado.

Sin embargo, el alcance tributario del proyecto entró en una nueva etapa después de que el presidente De la Espriella anunciara cambios en la propuesta. Durante su alocución del 15 de noviembre, el mandatario aseguró: “Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario”. La declaración implica que el texto inicial deberá ser revisado durante las discusiones legislativas.

La modificación anunciada por el presidente también plantea interrogantes sobre los ingresos que espera recaudar el Ministerio de Hacienda. La eliminación de determinados gravámenes requeriría revisar las estimaciones fiscales del proyecto o identificar fuentes alternativas de financiación, un asunto que deberá examinarse cuando el Ejecutivo y los ponentes concreten los ajustes al articulado.

El 11 de noviembre, el Ministerio de Hacienda inició mesas de trabajo con representantes de la bancada gubernamental, en una reunión encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro Miguel Gómez Martínez. Allí se abordaron las medidas fiscales, la reducción del tamaño del Estado y las propuestas de los congresistas para modificar el contenido de la reforma.

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“No hay un camino distinto al ajuste”, afirmó Gómez Martínez durante ese encuentro. El funcionario explicó que el Gobierno estaba dispuesto a estudiar alternativas y construir acuerdos con distintos sectores. Posteriormente, el 13 de noviembre, la cartera informó que había sostenido reuniones adicionales con representantes gremiales y sectores productivos para discutir el proyecto.

Las comisiones económicas preparan el primer debate

El trámite de la reforma también ha generado una discusión sobre las comisiones encargadas de estudiarla. Aunque se planteó la posibilidad de concentrar su análisis en las comisiones terceras, la documentación oficial de la Cámara establece su asignación a las comisiones terceras y cuartas constitucionales, que tienen competencias en asuntos tributarios, fiscales y presupuestales.

Un oficio expedido el 13 de noviembre convocó a los presidentes de las comisiones económicas, coordinadores ponentes y ponentes para una reunión programada el martes 17 de noviembre a las 2:00 de la tarde. Esta citación constituye uno de los pasos preparatorios para organizar el estudio de la reforma, pero no equivale a su aprobación en primer debate.

El Gobierno también ha recurrido al mensaje de urgencia para impulsar el trámite. Este mecanismo constitucional permite solicitar prioridad en la discusión y, bajo las condiciones previstas en el artículo 163 de la Constitución, facilitar el estudio conjunto de proyectos en las comisiones correspondientes. No elimina, sin embargo, la necesidad de obtener las mayorías exigidas para aprobar el articulado.

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El calendario tributario representa otra dificultad. El artículo 338 de la Constitución establece reglas sobre la aplicación temporal de las leyes que regulan tributos de periodo. Por tanto, la fecha de aprobación y la naturaleza de cada impuesto determinarán cuándo podrán aplicarse las modificaciones. No sería jurídicamente preciso afirmar que toda disposición tributaria aprobada después del 31 de diciembre de 2026 tendría que esperar necesariamente hasta 2028.

Ley Antitrámites:

Otro proyecto de la agenda gubernamental es la Ley de Competitividad, conocida como Ley Antitrámites, impulsada desde el Ministerio de Comercio. La iniciativa busca eliminar, simplificar o modificar procedimientos administrativos que deben cumplir ciudadanos y empresas ante las entidades públicas, con el propósito de reducir cargas documentales y facilitar las relaciones con el Estado.

La propuesta ya superó su primer debate, según los reportes sobre la agenda legislativa del Ejecutivo. A diferencia de la reforma fiscal, su continuidad no depende de que todos los debates concluyan antes del cierre de 2026, pues los proyectos ordinarios pueden seguir su trámite durante la legislatura siguiente, dentro de los límites establecidos por la Constitución y el reglamento del Congreso.

La discusión sobre esta iniciativa deberá definir cuáles procedimientos pueden eliminarse y cuáles requieren conservar controles administrativos. Su aplicación también dependerá de la capacidad de las entidades para adaptar plataformas, intercambiar información y ejecutar los cambios que finalmente apruebe el Legislativo, especialmente cuando las disposiciones involucren trámites de diferentes niveles de gobierno.

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Estatuto Antiterrorista:

En materia de seguridad, el Gobierno prepara un Estatuto Antiterrorista destinado a establecer herramientas jurídicas contra organizaciones armadas ilegales, estructuras vinculadas al terrorismo y sus fuentes de financiación. La propuesta forma parte de la estrategia de seguridad anunciada por la administración De la Espriella y complementaría la legislación sobre sometimiento de organizaciones criminales.

Los borradores conocidos contemplan la creación de un registro nacional de organizaciones y actores terroristas, mecanismos para congelar activos y disposiciones relacionadas con la contratación estatal. También se han planteado instrumentos de coordinación institucional para identificar estructuras criminales y actuar sobre los recursos económicos que sostienen sus operaciones. Estas medidas todavía deben examinarse a partir del articulado definitivo.

El proyecto ha generado cuestionamientos por sus posibles efectos sobre las garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a la protesta. Entre los asuntos sometidos a discusión figura la autoridad competente para incluir organizaciones en el registro, los mecanismos de impugnación y los controles sobre las decisiones administrativas que puedan afectar derechos fundamentales.

Según los reportes conocidos hasta el 11 de noviembre, el borrador había recibido concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal y continuaba bajo revisión jurídica antes de su presentación al Congreso. Su trámite dependerá de la naturaleza de las disposiciones que finalmente presente el Gobierno, especialmente si incluye normas estatutarias sujetas a mayorías absolutas y control previo de constitucionalidad.

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La política de seguridad también incluye la ley de sometimiento de organizaciones armadas, que ya había superado su primer debate en las comisiones primeras conjuntas. Esta iniciativa establece condiciones para que integrantes de estructuras criminales accedan a beneficios judiciales a cambio de colaboración con la justicia, entrega de bienes y reparación a las víctimas.

Ley Antimermelada

La denominada Ley Antimermelada corresponde a un proyecto de acto legislativo que busca modificar las reglas constitucionales sobre incompatibilidades, conflictos de interés, pérdida de investidura y participación de los congresistas en la formulación de proyectos de inversión pública. La iniciativa fue promovida por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara.

La propuesta plantea la creación de registros públicos para identificar los intereses declarados por los congresistas, los financiadores de sus campañas y los proyectos de inversión regional que presenten ante el Gobierno. El propósito es establecer mecanismos de trazabilidad sobre estas gestiones y permitir que la ciudadanía consulte información relacionada con las solicitudes de inversión.

El articulado permitiría que los legisladores postulen iniciativas destinadas a sus regiones, pero les impediría intervenir en la adjudicación, celebración y ejecución de los contratos correspondientes. También contempla disposiciones sobre la representación de intereses sectoriales y la declaración de posibles conflictos, que deberán ser examinadas durante el trámite constitucional.

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La reforma fue radicada en octubre y requiere ocho debates distribuidos en dos periodos ordinarios consecutivos. Por tratarse de una modificación de la Constitución, necesita superar una primera vuelta de cuatro debates y una segunda vuelta con otros cuatro, de acuerdo con el procedimiento previsto para los actos legislativos.

La llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior, tras su posesión el 4 de noviembre, también introdujo un cambio en la conducción de las relaciones políticas del Ejecutivo. El nuevo ministro deberá coordinar con las bancadas el avance de las reformas pendientes y definir la continuidad de iniciativas promovidas durante la gestión de Rodrigo Lara.

Sesiones extraordinarias y plazos para aprobar las reformas

El artículo 138 de la Constitución establece que el periodo ordinario iniciado el 20 de julio concluye el 16 de diciembre. A partir de esa fecha, el Gobierno puede convocar sesiones extraordinarias, durante las cuales el Congreso únicamente podrá ocuparse de los asuntos incluidos en la convocatoria, sin perjuicio de sus funciones de control político.

Esta alternativa permitiría prolongar las discusiones de la Ley de Rescate Económico si el Ejecutivo considera necesario completar su trámite antes de finalizar el año. Sin embargo, la convocatoria no garantiza la aprobación del proyecto, pues las comisiones y plenarias deberán votar las disposiciones y resolver las diferencias que surjan entre los textos aprobados por ambas cámaras.

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En el caso de la reforma Antimermelada, el calendario constitucional impone condiciones distintas. Para continuar su trámite en 2027, deberá cumplir las exigencias de la primera vuelta durante el periodo correspondiente. Los proyectos de ley ordinaria, como la iniciativa Antitrámites, tienen reglas diferentes y pueden avanzar dentro de los términos previstos para su discusión legislativa.

De esta manera, las próximas semanas estarán marcadas por las decisiones de las comisiones económicas sobre el ajuste fiscal, la continuidad de las iniciativas que ya superaron su primer debate y la eventual presentación del Estatuto Antiterrorista. El Gobierno deberá definir cuáles proyectos priorizará antes del 16 de diciembre y cuáles continuarán su discusión durante 2027.

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