Judicial
DAVIarena abre sus puertas en Sabaneta en medio de denuncia penal por venta del predio de la SAE
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia denunció presuntas irregularidades en la venta del terreno donde se construyó el DAVIarena. El inmueble fue vendido por $51.510 millones, un 19,8% por debajo del avalúo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La inauguración del DAVIarena, programada para este sábado 14 de noviembre de 2026 en Sabaneta, Antioquia, coincide con una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la administración, el arrendamiento, el licenciamiento urbanístico y la venta del terreno donde se construyó el escenario de espectáculos.
La denuncia fue radicada el 11 de noviembre por la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (Red Ver), presidida por Pablo Bustos Sánchez. La organización solicitó investigar las actuaciones de funcionarios y exdirectivos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), así como decisiones adoptadas por autoridades municipales de Sabaneta durante el desarrollo del proyecto.
El principal cuestionamiento corresponde al precio de venta del inmueble, identificado con matrícula inmobiliaria 001-588031. Según la denuncia, la SAE estableció un avalúo de $64.249 millones, pero el predio fue vendido en julio de 2025 por $51.510 millones a las sociedades CLK Venues S.A.S. y Ticket Fast S.A.S.
La diferencia entre ambas cifras asciende a $12.739 millones, equivalente al 19,8% del valor estimado por la entidad estatal. La veeduría pidió establecer las condiciones jurídicas y financieras de la operación y determinar si las decisiones adoptadas ocasionaron un detrimento patrimonial al Estado. Caracol Radio+1
Un terreno vinculado a un proceso de extinción de dominio desde 2012
Los antecedentes del inmueble se remontan a junio de 2009, cuando la sociedad Ideas & Co S.A.S. adquirió el terreno por $8.431 millones. En abril de 2010, la propiedad fue transferida al Fideicomiso Log Center, administrado por BBVA Fiduciaria.
Posteriormente, el 17 de abril de 2012, la Fiscalía ordenó inscribir un embargo dentro de un proceso de extinción de dominio. De acuerdo con la documentación presentada por Red Ver, el procedimiento continúa sin sentencia definitiva después de catorce años, circunstancia que constituye uno de los elementos examinados en la denuncia.
En 2021, la SAE recuperó la tenencia del inmueble mediante actuaciones administrativas que fueron objeto de una acción de tutela. La Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión que respaldó la actuación de la entidad, según la sentencia STC7612-2021. La veeduría aclaró que no cuestiona esa determinación judicial, sino las actuaciones posteriores relacionadas con el aprovechamiento y la disposición del predio.
El contrato de arrendamiento y la posterior venta
El 18 de marzo de 2022, la SAE adelantó una subasta para entregar el terreno en arrendamiento. La adjudicación correspondió a CLK Venues S.A.S., que suscribió el contrato 10777 el 13 de julio de ese año, durante la administración de Andrés Alberto Ávila Ávila.
El acuerdo inicial contemplaba un plazo de diez años, un canon mensual de $80 millones más IVA y una inversión de $60.000 millones. Posteriormente, mediante un otrosí, la duración del contrato fue ampliada a treinta años y el compromiso de inversión aumentó a $85.801 millones.
Según la denuncia, las inversiones realizadas debían revertir al Estado al finalizar el arrendamiento. Sin embargo, la posterior venta del inmueble al mismo arrendatario modificó las condiciones de esa relación contractual, por lo que la organización solicitó establecer sus consecuencias económicas y jurídicas. El Expediente
La enajenación temprana fue autorizada mediante la Resolución 263 de mayo de 2024, que incluyó el predio entre 120 inmuebles administrados por la SAE. Red Ver cuestionó que la decisión se adoptara sin acudir al comité interministerial previsto en el artículo 93 de la Ley 1708 de 2014.
La escritura de compraventa fue suscrita el 10 de julio de 2025. Para los denunciantes, corresponde determinar si la autorización de venta cumplió los requisitos legales y si el precio establecido tuvo en cuenta las obligaciones económicas derivadas del contrato de arrendamiento. Caracol Radio
Denuncia menciona a exdirectivos de la SAE y autoridades de Sabaneta
La denuncia solicita investigar las actuaciones de Andrés Alberto Ávila Ávila, presidente de la SAE entre 2020 y agosto de 2022, y Daniel Rojas Medellín, quien dirigió la entidad entre septiembre de 2022 y julio de 2024. Ambos estuvieron al frente de la entidad durante distintas etapas de administración y disposición del inmueble.
El documento también menciona a Javier Humberto Vega Meza, secretario de Planeación de Sabaneta, por su intervención en las licencias de urbanización expedida en 2023 y de construcción otorgada en 2024, así como al alcalde Alder Cruz Ocampo, en relación con las actuaciones municipales correspondientes a su administración.
Otro de los funcionarios mencionados es Santiago Montoya Montoya, exalcalde de Sabaneta y actual senador de la República. Durante su administración se expidió el Decreto 20230118 del 10 de mayo de 2023, mediante el cual se adoptó el Plan Parcial Ciudad Crystal, que incluyó el terreno donde se desarrolló el proyecto.
Por su condición de congresista, la organización remitió las actuaciones relacionadas con Montoya a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, autoridad competente para investigar penalmente a los miembros del Congreso. La presentación de la denuncia no constituye una determinación de responsabilidad penal. Cambio+1
La veeduría también pidió verificar una eventual intervención de Andrés Felipe Sarabia Torres y Laura Sarabia Torres en decisiones relacionadas con la SAE. Las referencias incluidas en la denuncia corresponden a señalamientos cuya veracidad debe establecerse mediante investigación y no constituyen hechos judicialmente acreditados.
Cuestionamientos sobre las licencias urbanísticas
Otro de los aspectos señalados corresponde a las autorizaciones expedidas para desarrollar el proyecto. Según la denuncia, la licencia de urbanización de 2023 identificó a la SAE como titular del dominio, pese a que el Fideicomiso Log Center continuaba figurando como propietario inscrito.
La licencia de construcción fue otorgada en septiembre de 2024. La veeduría sostiene que las autoridades deben establecer si ambos procedimientos cumplieron los requisitos de acreditación de propiedad, notificación y verificación jurídica exigidos para este tipo de actuaciones administrativas.
De acuerdo con la información publicada por El Expediente, en junio de 2025 la Secretaría de Planeación de Sabaneta reconoció por escrito que no había verificado la situación jurídica del inmueble antes de expedir las licencias. Esta circunstancia forma parte de los hechos que la organización solicita investigar. El Expediente
Según la información oficial del proyecto, el escenario cuenta con capacidad aproximada para 17.200 espectadores, siete centros de experiencia, dieciséis bares y veinte puntos de comida. La inversión anunciada para su construcción es cercana a los $320.000 millones.
En paralelo a la investigación solicitada sobre el terreno, Red Ver pidió verificar la documentación técnica y administrativa necesaria para la realización de espectáculos públicos, incluidos los certificados de ocupación, los planes de emergencia y las autorizaciones correspondientes.
