Procuraduría confirma destitución e inhabilidad de exgerente de Aguas de Córdoba

La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad por nueve años para Gloria Cecilia Cabrales Solano, quien se desempeñó como representante legal y gerente de la Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P..

El fallo ratifica la decisión tomada en primera instancia por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Córdoba, al encontrar que la exfuncionaria suscribió convenios interadministrativos con asociaciones de municipios sin cumplir los requisitos legales exigidos por la Ley 489 de 1998.

Según la investigación, muchas de las asociaciones beneficiadas con estos convenios no contaban con la capacidad jurídica, financiera ni técnica para ejecutar directamente las obras de acueducto contratadas en corregimientos como Los Garzones, en Montería; la vereda Loma Grande y municipios como San Pelayo y Tierralta, entre otros.

La Procuraduría enfatizó que la Ley 136 de 1994 establece que las asociaciones de municipios pueden organizar conjuntamente la ejecución de obras, pero no ejecutarlas directamente a menos que acrediten su capacidad operativa y se sometan a un proceso de selección competitivo.

El Ministerio Público calificó la conducta de Cabrales Solano como “culpa gravísima”, señalando que hubo una desatención elemental de la normatividad en contratación pública.

Este no fue el único cuestionamiento en contra de la exgerente, cuya administración estuvo marcada por la polémica. Durante los más de 15 años en los que dirigió el Plan Departamental de Aguas, recibió críticas por la gestión de proyectos de gran inversión, como los acueductos Regionales del San Jorge y Costanero, los cuales siguen sin brindar servicio a la comunidad pese a las millonarias inversiones realizadas.

Cabrales Solano intentó por varios medios jurídicos mantenerse en el cargo tras su destitución en noviembre de 2023, pero ninguna de sus acciones prosperó. Ahora, con este fallo de segunda instancia, queda inhabilitada para ejercer cargos públicos durante nueve años.

La Procuraduría reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión pública y el cumplimiento de la normatividad, reiterando que estas sanciones buscan garantizar la correcta administración de los recursos públicos en el país.