Caribe
Gobernador de Bolívar advierte riesgo fiscal por alimentación de privados de la libertad
Yamil Arana, gobernador de Bolívar, alertó que asumir la alimentación de personas privadas de la libertad en estaciones de Policía y URI pone en riesgo la financiación de programas sociales, incluida la alimentación escolar.
A partir del próximo 30 de junio, las entidades territoriales en Colombia deberán cubrir la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), una obligación derivada de un fallo de la Corte Constitucional de 2022 que fue incorporado en la legislación por el Congreso.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, manifestó su preocupación durante el Congreso Nacional de Municipios, al advertir que esta medida implica una carga fiscal insostenible para las finanzas regionales. “Nos están obligando a escoger entre alimentar a las personas privadas de la libertad o garantizar la alimentación escolar de nuestros niños”, declaró.
Según cifras de la Gobernación, en Bolívar hay unas 3.000 personas bajo custodia temporal en estaciones y URI. El secretario de Seguridad departamental, Manuel Berrio Scaff, explicó que el costo de la alimentación alcanza $18.000 por plato, lo que representa $54.000 diarios por persona. “Estamos hablando de más de $40.000 millones al año”, señaló Berrio, quien anunció gestiones con alcaldes, autoridades penitenciarias y entidades de control para buscar alternativas.
Arana criticó el traslado de competencias sin financiación desde el nivel central hacia los departamentos: “No es justo que la Corte Constitucional siga legislando desde sus fallos. Para eso existe el Congreso”, afirmó. También subrayó que los ingresos departamentales son limitados y tienden a ser regresivos, lo que pone en riesgo programas sociales.
Además de este desafío fiscal, el gobernador expuso que Bolívar enfrenta emergencias por la ola invernal, con afectaciones en Simití y Morales, y alertó sobre el impacto de la minería ilegal en el sur del departamento. “La minería ilegal nos está causando problemas ambientales y ha agravado las inundaciones en municipios como Montecristo y Santa Rosa”, precisó.
Arana hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y al Congreso para revisar los impactos fiscales de esta medida y evitar que los entes territoriales asuman obligaciones históricamente a cargo del Gobierno central.
