Abelardo de la Espriella ordenó reversar los salarios del Fondo Milagro y anunció medidas correctivas

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó reversar los salarios establecidos para los funcionarios del Fondo Milagro, encargado de administrar recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La decisión fue anunciada el jueves 12 de noviembre, después de conocerse que su nómina mensual asciende aproximadamente a $765,6 millones.

El mandatario manifestó que las remuneraciones no corresponden a las instrucciones de austeridad impartidas a su administración. A través de sus redes sociales, aseguró que los montos fueron establecidos mediante decisiones que no le fueron consultadas y anunció medidas para corregir la situación.

“Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡No los autorizo! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”, afirmó De la Espriella. El jefe de Estado no precisó cuáles serán los nuevos valores salariales ni el procedimiento administrativo para modificar los contratos laborales existentes.

De la Espriella cuestionó decisiones adoptadas sin su autorización

La declaración presidencial se produjo después de que se divulgara una relación de cargos y salarios del Fondo Milagro, obtenida mediante un derecho de petición presentado por la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico. La información permitió conocer las remuneraciones de los trabajadores vinculados a la estructura administrativa del organismo, que funciona mediante un patrimonio autónomo administrado por Fiducoldex.

El presidente sostuvo que las decisiones relacionadas con la contratación y la definición de remuneraciones deben corresponder a las instrucciones impartidas desde el Ejecutivo. También manifestó que la administración de los recursos destinados a la emergencia debe mantenerse dentro de los criterios establecidos para el funcionamiento del Gobierno nacional, particularmente en materia de austeridad y responsabilidad administrativa.

“No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó”, manifestó el mandatario durante su pronunciamiento sobre los salarios conocidos.

De la Espriella anunció que adoptará medidas frente a las actuaciones administrativas que considere contrarias a sus directrices. Aunque confirmó la orden de reversar las remuneraciones, no identificó a los funcionarios responsables de establecer los montos ni informó sobre la apertura de investigaciones o procedimientos administrativos relacionados con la definición de los salarios.

Presidente advirtió que ningún funcionario tiene asegurada su permanencia

El jefe de Estado extendió su pronunciamiento a los funcionarios y colaboradores de su administración, a quienes recordó que el ejercicio de sus responsabilidades está sujeto a evaluación. En ese contexto, señaló que las decisiones adoptadas dentro del Gobierno deben responder a las orientaciones institucionales y que su incumplimiento puede dar lugar a medidas correctivas.

“En mi Gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados”, afirmó el presidente. Sus palabras estuvieron dirigidas a quienes ejercen responsabilidades administrativas dentro del Ejecutivo y se produjeron después de conocerse las condiciones de contratación del Fondo Milagro.

El mandatario también anunció que comunicaría las medidas correctivas relacionadas con las decisiones cuestionadas. Sin embargo, no confirmó despidos, terminaciones contractuales ni sanciones específicas contra los integrantes de la entidad. Tampoco estableció públicamente si la revisión comprenderá únicamente las asignaciones salariales o incluirá modificaciones en la estructura administrativa.

Salarios del Fondo Milagro llegan hasta los $39,4 millones mensuales

La controversia surgió por la divulgación de las condiciones salariales del Fondo Milagro, cuya nómina mensual alcanza aproximadamente $765,6 millones. La relación conocida contiene 27 registros de cargos vinculados mediante contratos laborales a término indefinido, con prestación del servicio en Pereira, Risaralda. Las remuneraciones oscilan entre $5,8 millones y $39,4 millones mensuales, según las responsabilidades asignadas.

El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, tiene una remuneración mensual de $39.441.454. Por su parte, el secretario privado y cuatro directores reciben $36 millones cada uno. Los coordinadores de distintas áreas administrativas cuentan con salarios de $33 millones, mientras que los cargos técnicos y profesionales presentan remuneraciones inferiores, de acuerdo con sus funciones dentro de la estructura organizacional.

La diferencia también se refleja frente a los salarios de otros funcionarios del Gobierno nacional. Un ministro recibe $30.770.246 mensuales, distribuidos entre asignación básica, gastos de representación y prima de dirección. En consecuencia, el gerente del Fondo Milagro percibe $8.671.208 más que un integrante del gabinete, mientras que varios cargos directivos y de coordinación también superan esa remuneración.

A los recursos destinados al pago de salarios se suma la comisión que recibe Fiducoldex por administrar el patrimonio autónomo. Esta remuneración equivale a 142 salarios mínimos mensuales, aproximadamente $248,6 millones antes de IVA. La suma de ambos conceptos supera los $1.000 millones mensuales, sin incluir prestaciones sociales ni otros gastos asociados al funcionamiento administrativo de la entidad.

Gobierno defiende las actividades de reconstrucción del Fondo Milagro

Durante su pronunciamiento, el presidente también se refirió al trabajo adelantado por el Fondo Milagro desde su creación. De la Espriella sostuvo que el mecanismo ha permitido desarrollar actividades relacionadas con la recuperación de viviendas, la entrega de subsidios y la demolición de estructuras afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026.

“El Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios, y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción”, afirmó el mandatario al referirse a las intervenciones desarrolladas en los territorios afectados por la emergencia.

El organismo dispone de recursos aprobados por $624.656 millones para el programa de intervenciones urgentes y prioritarias. Hasta el reporte presentado al Congreso, registraba procesos contractuales por aproximadamente $7.440 millones, destinados principalmente a actividades de demolición e interventoría en Pereira y Cali. Los demás recursos permanecían sujetos a los procedimientos de estructuración y contratación de las intervenciones previstas.

Los recursos contratados representan aproximadamente el 1,2 % del presupuesto informado para ese programa. Esta proporción corresponde al valor de los compromisos contractuales reportados y no necesariamente a desembolsos efectivamente realizados. La ejecución de las inversiones continúa bajo seguimiento legislativo, especialmente en lo relacionado con las intervenciones y la atención a las familias damnificadas.

Congreso mantiene seguimiento a recursos para damnificados

La situación salarial se conoce mientras la Comisión Accidental Bicameral del Congreso solicita explicaciones sobre la administración del Fondo Milagro. Su gerente, Jaime Andrés Uribe, no asistió al debate de control político convocado para el 11 de noviembre y justificó su ausencia por una actividad relacionada con la entrega de soluciones de vivienda junto al presidente en Roldanillo, Valle del Cauca.

El Fondo fue constituido como parte de las medidas del Gobierno nacional para responder a las consecuencias del terremoto. Su objetivo comprende la administración de recursos y la financiación de intervenciones de recuperación en los municipios afectados. La emergencia también motivó decisiones extraordinarias en materia presupuestal, contractual y administrativa, sujetas al control de las autoridades competentes.

La Corte Constitucional declaró exequible el estado de emergencia económica y estableció restricciones para la utilización de los recursos extraordinarios. Las medidas deben estar vinculadas directamente con las consecuencias del terremoto y no pueden destinarse a financiar gastos ajenos a la emergencia ni a cubrir el déficit fiscal del Gobierno nacional.