Judicial
JEP imputó a Timochenko, Pastor Alape y otros nueve excomandantes por crímenes de guerra
La JEP atribuyó responsabilidad a once antiguos mandos de los bloques Caribe y Magdalena Medio. La decisión incluye homicidios, desplazamientos, desapariciones y violencia sexual.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a once excomandantes de las extintas Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, “Pastor Alape”. La decisión comprende hechos cometidos por los bloques Caribe y Magdalena Medio.
La investigación fue adelantada por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del Caso 10, que aborda crímenes no amnistiables de la antigua guerrilla. El pronunciamiento incorpora una imputación conjunta con el Subcaso 01 del Caso 11, relacionado con violencias sexuales, reproductivas, de género y por prejuicio contra civiles.
Además de los dos antiguos integrantes del Secretariado, fueron imputados tres exmandos del Bloque Magdalena Medio: Erasmo Traslaviña Benavides, conocido como “Jimmy Guerrero”; Pedro Trujillo Hernández, “Alberto Cancharina”; y Jairo Reinaldo Cala Suárez, identificado durante el conflicto como “Jairo Quintero” o “Jairo Mechas”. La providencia les atribuye responsabilidad por hechos cometidos por esa estructura.
Por el Bloque Caribe, la decisión comprende a Abelardo Caicedo Colorado, “Solís Almeida”; Osmany Landero Fajardo, “Hernando González”; Gilberto de Jesús Giraldo David, “Aldemar Altamiranda”; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, “Leonardo Muñoz”; Uriel Antonio Oviedo Aldana, “Manuel Ortiz” o “Mañe”; y Héctor Enrique Hernández López, “Fabio Borges”, antiguos comandantes regionales de la organización.
Para adoptar la decisión, la jurisdicción contrastó los relatos y las acreditaciones de 733 víctimas con 72 informes de organizaciones y víctimas, además de 1.859 denuncias de la Fiscalía. También examinó quince versiones colectivas y nueve individuales de exintegrantes de la guerrilla, junto con documentación de la Comisión de la Verdad y del Centro Nacional de Memoria Histórica.
La Sala identificó dos patrones: crímenes para imponer control social y territorial, y conductas cometidas durante las hostilidades. El primero comprendió persecuciones contra personas señaladas de colaborar con adversarios de la guerrilla, castigos por desobedecer sus órdenes y ataques contra autoridades locales. El segundo incluyó tomas guerrilleras, emboscadas y agresiones contra integrantes de la fuerza pública fuera de combate.
En el comunicado institucional del 3 de noviembre, la JEP explicó que las comunidades estuvieron sometidas a un “régimen violento de gobernanza y control social”. Según la investigación, ese dominio se ejerció mediante homicidios, desplazamientos y castigos contra civiles señalados como colaboradores de la fuerza pública o del paramilitarismo, así como contra quienes rechazaban las órdenes guerrilleras.
Entre los hechos examinados figura la toma de Chalán, Sucre, del 12 de marzo de 1996, durante la cual fue utilizado un burro cargado con explosivos. La JEP documentó la muerte de once policías y el fusilamiento de cuatro agentes que se habían rendido. El ataque también provocó la salida de más de la mitad de los habitantes del municipio.
La decisión aborda, además, el atentado contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, ocurrido en Barranquilla el 14 de abril de 2002. Uribe resultó ileso, pero cinco civiles murieron. Entre las personas heridas estuvo una niña de tres años a quien posteriormente le amputaron una pierna, según la reconstrucción de la jurisdicción.
Otro de los episodios investigados es el atentado contra Caracol Radio, perpetrado en Bogotá el 12 de agosto de 2010. La JEP informó que exintegrantes del Frente 33 reconocieron su participación en la explosión del vehículo. El ataque dejó nueve personas heridas y daños materiales que afectaron a otras 530, además de instalaciones comerciales, educativas y residenciales.
La investigación también documentó la masacre de la finca La Duquesa, en Tibú, Norte de Santander, en 2004, donde fueron asesinados 34 campesinos, incluidos dos adolescentes. Asimismo, examinó agresiones contra docentes, líderes religiosos y organizaciones campesinas, y el empleo de violencia sexual como mecanismo de castigo contra personas que se oponían a las disposiciones de la guerrilla.
Los once comparecientes tienen hasta el 8 de diciembre de 2026 para reconocer o rechazar por escrito los hechos y su responsabilidad. Las víctimas y el Ministerio Público podrán presentar observaciones hasta el 8 de febrero de 2027. Para esa misma fecha, los imputados deberán aportar información disponible sobre 54 personas cuyo paradero continúa sin establecerse.
El reconocimiento de responsabilidad y los aportes de verdad permitirían avanzar hacia una audiencia pública y la eventual imposición de sanciones restaurativas, con restricciones efectivas de libertad y derechos. Si los comparecientes rechazan los cargos, sus casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar un juicio y, de ser condenados, hasta veinte años de prisión.
