Ley de Rescate Económico propone recortes al Estado y cambios en IVA, renta y salud

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el 29 de octubre de 2026 el proyecto de Ley de Rescate Económico, que combina una reorganización de entidades públicas con modificaciones tributarias y cambios en los aportes a salud. La iniciativa quedó registrada como el Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, presentado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

La propuesta busca reducir el gasto, obtener ingresos adicionales e incentivar la inversión privada. Su radicación abre el trámite legislativo y no implica que los cambios anunciados estén vigentes. Las disposiciones podrán ser modificadas durante la discusión parlamentaria, antes de su eventual aprobación y sanción presidencial.

Según las proyecciones divulgadas por el Ejecutivo, el Estado ahorraría $44,6 billones en 2027 y $76,1 billones en 2030. Este último monto corresponde a 2030, no a 2028. Son estimaciones gubernamentales sobre los resultados esperados de la iniciativa y deben distinguirse de los recursos adicionales que podrían obtenerse mediante impuestos y crecimiento económico.

El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó durante la presentación del 29 de octubre que “el Estado se aprieta el cinturón”. El Gobierno sostiene que cerca del 70 % del ajuste recaería sobre el sector público, mediante restricciones a la contratación, revisión de transferencias, racionalización de compras y utilización de recursos disponibles en fondos estatales.

Uno de los componentes centrales es la solicitud de facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar la administración nacional. Según el articulado reseñado, el presidente podría suprimir, fusionar o escindir ministerios y otras entidades, modificar estructuras y reasignar funciones. La propuesta también contempla ajustes en las plantas de personal para eliminar duplicidades administrativas.

En materia de contratación, el Ejecutivo propone reducir un 50% el gasto en prestación de servicios durante 2027. También plantea disminuir los costos de personal y vender activos públicos que no sean necesarios para las funciones de las entidades. El Gobierno anunció que protegería los recursos destinados a salud, educación básica, agua potable y pensiones.

El capítulo tributario propone ampliar la aplicación de la tarifa general del IVA del 19% desde enero de 2028. Entre los bienes y servicios mencionados están productos que actualmente tienen una tarifa del 5%, vehículos híbridos y eléctricos y planes de medicina prepagada. El alcance para cada producto dependerá de las disposiciones que finalmente apruebe el Congreso.

Como compensación, Hacienda anunció un mecanismo para devolver la totalidad del IVA a unos 19 millones de personas y hasta el 50% a otros 16,5 millones. La devolución supone reintegrar recursos después del pago del impuesto. Por esa razón, no equivale a eliminar el IVA al momento de realizar las compras.

Las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico también quedarían sujetas al IVA sin importar su monto, de acuerdo con la presentación gubernamental. Esta medida forma parte de la ampliación del recaudo propuesta por el Ejecutivo y modificaría el tratamiento de las operaciones que actualmente pueden acceder a beneficios tributarios bajo determinadas condiciones.

Para las empresas, la iniciativa plantea reducir la tarifa general de renta del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Hacienda también anunció el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial, RUGE, con incentivos para grandes inversiones. Sus beneficios son distintos de la reducción general de la tarifa aplicable a las sociedades.

En contraste, el proyecto modificaría la tabla de renta de las personas naturales. Propone un tramo del 9% desde 720 unidades de valor tributario, una tarifa máxima del 39%, la eliminación de la deducción adicional por dependientes y una reducción del límite de la exención laboral a 630 UVT.

Estos umbrales no deben presentarse como un salario mensual a partir del cual todos pagarían automáticamente la misma suma. La obligación de declarar, la retención en la fuente y el impuesto definitivo corresponden a conceptos diferentes. El efecto individual dependería de la depuración de la renta y de las condiciones establecidas en el texto aprobado.

La propuesta también contempla mayores aportes a salud y modificaciones en los impuestos al alcohol y al tabaco. El conjunto de medidas combina ajustes al gasto con nuevas fuentes de financiación, mientras reduce algunos gravámenes empresariales. Su alcance fiscal y los efectos sobre hogares, trabajadores y compañías dependerán del contenido que supere el trámite legislativo.