Editorial
A un metro de la exclusión
Las obras de accesibilidad pendientes y el cierre de taquillas ponen a prueba el compromiso del Metro de Medellín con sus usuarios. La modernización debe responder por quienes necesitan un ascensor, atención presencial y garantías laborales.
El Metro de Medellín ha enseñado a varias generaciones a respetar las normas de un servicio público. Ha pedido cuidado con sus instalaciones, consideración por los demás y responsabilidad con lo que pertenece a todos. Esa pedagogía también compromete a quien la imparte. Cumplir lo anunciado, explicar los retrasos y responder por los recursos son obligaciones elementales de la misma cultura ciudadana.
El 12 de agosto de 2025, la empresa informó que las obras de accesibilidad en diez estaciones representaban una inversión superior a $61.000 millones y que esperaba terminarlas durante el primer semestre de 2026. El anuncio comprendía nuevos ascensores, pasillos de ingreso y ampliaciones. Aquel semestre terminó. Corresponde ahora presentar el balance de esa promesa, estación por estación, con fechas y responsables.
La información publicada el 9 de octubre por Vivir en El Poblado, con una respuesta atribuida al Metro, señaló que las obras estaban suspendidas desde abril y que su reactivación dependería de asuntos contractuales, con perspectiva de reinicio en 2027. La empresa debe explicar cuáles son esos asuntos, qué decisiones ha tomado para resolverlos y cuánto tiempo adicional tendrán que esperar los usuarios.
Para quien tiene dificultades para caminar, un ascensor puede determinar la autonomía de su viaje. Una estructura inconclusa prolonga la dependencia de ayuda y las dificultades que el proyecto debía reducir. La accesibilidad merece una administración capaz de reconocer esa urgencia y de responder por las consecuencias de cada aplazamiento.
En medio de esas obras pendientes, el Metro avanza en el cierre de taquillas. La comunicación sobre la medida del 9 de noviembre informó la clausura definitiva de puntos de venta en seis estaciones y señaló que la red dispone de 289 máquinas de recarga automática. La empresa sostiene que el modelo combina canales digitales con acompañamiento de orientadores.
El cierre de una ventanilla traslada tareas al pasajero. Antes de extender esa decisión, la empresa debe demostrar que cualquier persona puede completar su recarga y resolver un inconveniente sin perder la posibilidad de viajar. Las aplicaciones y las pantallas requieren alternativas para quienes necesitan atención directa. El servicio público tiene que responder también por ese usuario, aunque su transacción tome más tiempo.
El Metro debería publicar cuántas máquinas funcionan, cuánto esperan los pasajeros y cómo se atienden las operaciones fallidas. También debe evaluar si la presencia de orientadores resulta suficiente y conservar la recarga presencial donde sea necesaria. La conveniencia administrativa de cerrar una taquilla pierde justificación cuando obliga al ciudadano a asumir dificultades que antes resolvía con un trabajador.
Sobre el empleo, la precisión es indispensable. El Metro afirma que “ningún colaborador será desvinculado” y que el personal de las taquillas pasa a funciones de orientación. No hay fundamento, con la información consultada, para dar por probados despidos derivados de esta medida. Hay, en cambio, una declaración pública que compromete a la empresa y cuyo cumplimiento debe ser verificable.
Los trabajadores tienen derecho a conocer el alcance de esa transformación, la capacitación que recibirán y las garantías de sus nuevas funciones. Los pasajeros, por su parte, deben encontrar personal con capacidad para resolver sus necesidades. Una transición bien administrada se reconoce en esas condiciones concretas. Corresponde a la gerencia demostrarlas y permitir que los resultados sean examinados públicamente.
El prestigio del Metro aumenta su responsabilidad de rendir cuentas. La ciudadanía puede reconocer lo que el sistema ha significado para la región y cuestionar sus decisiones. Precisamente porque se trata de una empresa pública, sus compromisos están sujetos al escrutinio de quienes la utilizan y la sostienen. Ninguna trayectoria vuelve innecesaria una explicación.
La gerencia debe presentar un cronograma creíble para las obras pendientes, responder por los retrasos y demostrar que el cierre de taquillas mejora la atención sin deteriorar las condiciones laborales. Cada ascensor prometido y cada usuario que necesita ayuda forman parte de esa obligación. El respeto por lo público que el Metro reclama en sus estaciones comienza por el cumplimiento de sus propias responsabilidades.
