Sonría, ¿por qué no sonríe?

Tres meses después del terremoto, el Gobierno nacional debe responder por la distancia entre sus promesas y las soluciones que puede demostrar. Nadie puede exigirle que haya reconstruido todo lo destruido. Sí corresponde exigirle que la protección de los damnificados avance con una urgencia proporcional a sus necesidades. La paciencia de quienes perdieron su hogar no puede convertirse en un recurso administrativo.

El Fondo Milagro fue creado el 9 de septiembre y, según el balance presidencial del 22 de octubre, comenzó a operar el 7 de octubre. Casi dos meses para poner en funcionamiento el mecanismo que debía financiar la recuperación. El presidente Abelardo de la Espriella defendió esos tiempos. A los damnificados les corresponde juzgarlos por las soluciones recibidas, no por la comparación con otros trámites estatales.

El nombre del Fondo elevó las expectativas; su ejecución debe estar sometida al escrutinio público. Una partida disponible no equivale a una vivienda reparada. Un proyecto aprobado todavía no devuelve un ingreso. El Gobierno tiene que demostrar cuánto de su capacidad financiera se ha convertido en protección efectiva y explicar por qué las intervenciones pendientes siguen sin ejecutarse.

La permanencia de edificios peligrosos hace especialmente grave esa obligación. El 23 de octubre, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre estructuras con riesgo de colapso o pendientes de demolición en el centro de Pereira. La advertencia señala un límite que ninguna administración debería tolerar: conocer una amenaza obliga a intervenir y a proteger a quienes continúan expuestos a ella.

En Cali, información divulgada el 1 de noviembre señalaba que la ciudad esperaba el cronograma de demoliciones que financiaría el Fondo Milagro. Ese pendiente merece una explicación del Gobierno nacional. Cuando una estructura amenaza a vecinos y transeúntes, coordinar significa establecer quién interviene, con qué recursos y en qué fecha. La espera también debe tener un responsable identificable.

Las alcaldías tienen obligaciones propias y deben responder por sus omisiones. Pero la Presidencia no puede anunciar una respuesta nacional y dejar que cada territorio resuelva como pueda los obstáculos que requieren financiación o dirección del Gobierno. Haber asumido el liderazgo de la reconstrucción obliga a destrabar decisiones, exigir cumplimiento y explicar las demoras. La responsabilidad política acompaña al poder de decidir.

La complejidad técnica merece respeto. Demoler sin estudios puede causar otra tragedia; reconstruir sin evaluar el suelo puede reproducir el riesgo. Precisamente por eso hacen falta capacidad especializada y prioridades claras. Cada demora debe justificarse con un obstáculo concreto y una actuación para resolverlo. Invocar la complejidad de manera indefinida termina haciendo de ella una excusa imposible de controvertir.

También resulta preocupante que Hacienda, la UNGRD y la gerencia del Fondo solicitaran aplazar la sesión de seguimiento prevista para el 28 de octubre porque necesitaban consolidar información. Rendir cuentas debe formar parte de la conducción de la emergencia. El Gobierno que promete coordinar la recuperación tiene que poder explicar, con información actualizada, qué está haciendo y qué le impide avanzar.

La solidaridad tampoco puede agotarse en la conmoción inicial. El país debe resistir la tentación de dar por atendida una tragedia cuando deja de ocupar las primeras páginas. Quienes conservamos nuestra casa y nuestro trabajo podemos recuperar pronto la rutina. Esa facilidad nos impone una responsabilidad: seguir acompañando y preguntando por quienes todavía no tienen cómo hacerlo.

Pero la generosidad ciudadana no exonera al Gobierno. Una colecta puede aliviar una necesidad inmediata; sostener la recuperación exige presupuesto, ejecución y continuidad institucional. El damnificado no debe verse obligado a renovar públicamente su dolor para recibir atención. Su derecho a una respuesta subsiste cuando se retiran las cámaras, disminuyen las donaciones y el país comienza a hablar de otra cosa.

“Sonría, ¿por qué no sonríe?”. La frase resulta cruel frente a quien todavía no sabe cuándo podrá volver a su casa. Nadie les debe optimismo a los funcionarios. Los damnificados tienen derecho al cansancio, a la inconformidad y a reclamar sin que su impaciencia sea tratada como ingratitud. Agradecer una ayuda no significa renunciar a exigir lo que sigue pendiente.

Al cumplirse tres meses del terremoto, el presidente debe presentar un balance que permita comprobar qué ha resuelto el Fondo Milagro y comprometer fechas para las intervenciones urgentes. Su Gobierno será juzgado por la seguridad recuperada y las soluciones entregadas. Mientras haya riesgos identificados sin resolver, cada demora necesita una explicación y cada compromiso incumplido debe tener una consecuencia.