La inteligencia debe rendir cuentas

El Estado no puede financiar capacidades de inteligencia y permitir que su utilización quede sin explicación. Las revelaciones de Noticias Caracol sobre la Dirección Nacional de Inteligencia exigen establecer si recursos destinados a proteger la democracia fueron desviados para intervenir en ella. La investigación debe alcanzar a quienes ejecutaron, autorizaron o encubrieron las actuaciones que lleguen a probarse.

El reportaje del 8 de noviembre recoge documentos internos que vinculan a Carlos Andrés Oyola con un presunto plan para atacar los sistemas de la Registraduría. También señala que continuó vinculado a la DNI pese a una orden de captura. Son denuncias que requieren comprobación judicial; no demuestran, por sí solas, que se hayan alterado votos.

Esa distinción es indispensable para exigir responsabilidades con rigor. La Fiscalía debe establecer qué accesos informáticos existieron, qué instrucciones recibió el funcionario y quiénes conocían su situación judicial. La Registraduría debe aportar registros y verificaciones técnicas. Una acusación de interferencia electoral exige evidencia que permita determinar si hubo preparativos, intentos, accesos efectivos o modificaciones.

La explicación tampoco puede agotarse en la conducta de un ingeniero. Si se comprueba que utilizó recursos institucionales para actividades ilegales, habrá que reconstruir las decisiones que lo hicieron posible. Corresponde examinar las autorizaciones, la supervisión y los controles de acceso. Concentrar toda la responsabilidad en el operador dejaría sin investigar la estructura que pudo facilitar sus actuaciones.

Los contratos merecen el mismo escrutinio. Según los informes divulgados por Caracol, la DNI adquirió por 9.000 millones de pesos un helicóptero no tripulado que presentó fallas técnicas. El reportaje también describe un sistema biométrico de 580 millones que no pudo implementarse por incompatibilidad. Son señalamientos que obligan a revisar lo contratado, lo recibido y lo pagado.

La Contraloría debe establecer si hubo daño patrimonial y determinar sus responsables. Para ello necesita examinar estudios previos, pruebas de funcionamiento, actas de recibo, garantías y desembolsos. A los supervisores y ordenadores del gasto les corresponde explicar sus decisiones. La complejidad de una tecnología exige mayor cuidado al contratarla; no reduce la obligación de comprobar que sirve.

Hay, además, una denuncia que compromete directamente las libertades públicas: el supuesto plan para instalar micrófonos y localizadores en vehículos de protección de expresidentes y exvicepresidentes. Caracol atribuye esa información a una fuente recogida en un documento interno. Debe comprobarse si existieron instrucciones, instalaciones o seguimientos. La protección de una persona jamás puede justificar su vigilancia política.

El límite está definido. El artículo cuarto de la Ley 1621 de 2013 prohíbe obtener y utilizar información de inteligencia para favorecer partidos o afectar las garantías de la oposición. La seguridad nacional no autoriza a convertir preferencias políticas en motivos de seguimiento. Esa prohibición obliga por igual a todos los gobiernos y protege también a sus contradictores.

A Gustavo Petro le corresponde explicar las decisiones de su administración que resulten documentadamente relacionadas con estos hechos. A quienes dirigieron la DNI, responder por sus propias actuaciones y controles. Ninguna responsabilidad penal puede deducirse únicamente de la jerarquía. Pero el deber político de explicar cómo se administró una entidad tampoco depende de que exista previamente una condena.

El Gobierno actual debe preservar los archivos, asegurar los registros informáticos y facilitar su entrega a las autoridades competentes. El Congreso, mediante su comisión legal de seguimiento a inteligencia y contrainteligencia, debe ejercer el control que le corresponde sobre recursos y garantías constitucionales. Ese control tiene una función concreta: verificar el ejercicio de un poder que opera bajo reserva.

La respuesta será insuficiente si termina en una captura y declaraciones de indignación. Colombia necesita conocer qué ocurrió, quién lo autorizó y qué controles fallaron, con las reservas estrictamente necesarias para proteger operaciones legítimas. La inteligencia estatal solo merece confianza cuando puede responder ante la ley por sus métodos, sus gastos y sus resultados.