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Gobierno anuncia plan de choque en Boyacá contra la extorsión y la minería ilegal
El plan de choque en Boyacá contempla controles en corredores limítrofes, un piloto de videovigilancia interconectada y medidas en la cárcel de Cómbita.
El Gobierno nacional presentó el lunes 9 de noviembre, en Tunja, un plan de choque en Boyacá para enfrentar el reclutamiento de menores, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. El presidente Abelardo de la Espriella anunció las medidas después de un consejo de seguridad con la cúpula militar y policial, según informó la Presidencia.
De acuerdo con el boletín oficial, la estrategia ya está en marcha y contempla intervenciones en un corredor de más de 434 kilómetros. Entre sus objetivos figuran frenar el reclutamiento de menores atribuido al ELN, contener la presencia del Clan del Golfo y reforzar la seguridad en las zonas limítrofes del departamento.
Las instrucciones incluyen aumentar la presencia de la fuerza pública donde existan amenazas contra la población, fortalecer el control de los corredores estratégicos e intensificar las operaciones contra las fuentes de financiación de las organizaciones ilegales. La Presidencia también señaló que habrá acciones contra el microtráfico en espacios públicos y los préstamos conocidos como “gota a gota”.
En materia tecnológica, Boyacá será sede de un piloto nacional de sistemas de vigilancia interconectados para monitorear municipios y vías. Durante su declaración del 9 de noviembre, al término del consejo de seguridad, De la Espriella afirmó: “El Ministerio del Interior va a priorizar la videovigilancia de municipios y autopistas y el sistema de control y monitoreo en Tunja”.
El anuncio incluyó la cofinanciación de cámaras de seguridad para Ramiriquí y el fortalecimiento del parque automotor de la Policía en Cuítiva. Sin embargo, el boletín no precisó el presupuesto de estas intervenciones, el número de equipos que serán adquiridos ni las fechas previstas para su instalación o entrega.
Otro componente corresponde al establecimiento penitenciario de Cómbita, donde el mandatario anunció mayores controles. Además, solicitó al gobernador y a los alcaldes identificar a las personas privadas de la libertad oriundas de Boyacá para trasladarlas a cárceles de otras regiones. La comunicación no detalló cuántos internos quedarían comprendidos en esa solicitud ni cuándo se efectuarían los traslados.
La estrategia también incorpora medidas frente a la violencia intrafamiliar. El presidente atribuyó el aumento de los índices a una mayor denuncia de las mujeres, aunque el boletín no presentó cifras, periodos de comparación ni estudios que sustenten esa explicación. El documento tampoco desglosó las acciones específicas previstas para atender esta problemática.
