EPM reportó amenazas del Frente 36 contra Hidroituango, el Metro y la Alcaldía de Medellín

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó al Congreso sobre amenazas contra Hidroituango atribuidas al Frente 36 de las disidencias de las Farc, que también mencionaban al Metro y a la Alcaldía de Medellín. La empresa expuso las intimidaciones en una comunicación del 28 de octubre de 2026, dirigida al representante Simón Molina Gómez, primer vicepresidente de la Cámara.

El documento respondió a una invitación a un debate de control político sobre seguridad y orden público en Medellín. Según la comunicación, firmada por Daniel Francisco Moreno Peláez, jefe de Seguridad de EPM, las presiones comenzaron en agosto de 2025 y se extendieron hasta los primeros meses de 2026, con afectaciones al ingreso de trabajadores y suministros.

La empresa señaló que las exigencias económicas estuvieron acompañadas de intimidaciones “contra el proyecto, el Metro y la Alcaldía de Medellín”. El informe indicó que el manejo de estas amenazas se coordinó con el Gaula, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Como parte de los hechos reportados, EPM atribuyó al Frente 36 la instalación de dos cilindros con explosivos en la vía de acceso a Hidroituango. Según la empresa, estos episodios dejaron un sargento muerto y un soldado herido. Las afectaciones al corredor impidieron que el proyecto recibiera carga crítica durante cerca de una semana.

La comunicación también registró ataques contra tres torres de transmisión de energía en Medellín y Bello, además de sobrevuelos de drones sobre la central durante marzo de 2026. Ante los riesgos identificados, EPM restringió temporalmente el ingreso de trabajadores a sectores rurales de Briceño y a por lo menos 17 veredas.

Tras conocerse el documento, el secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, brigadier general retirado Luis Eduardo Martínez Guzmán, manifestó el 3 de noviembre que su dependencia no había recibido información oficial sobre esas intimidaciones. “Desconocemos de manera oficial amenazas contra Hidroituango o el Metro de Medellín”, afirmó al referirse a la información divulgada sobre la comunicación de EPM.

El informe abordó, además, riesgos asociados al control territorial del Clan del Golfo en zonas de operación de la compañía. En ese apartado, EPM describió exigencias de permisos escritos para ingresar a determinados sectores, retenciones de personal y expulsiones de cuadrillas. Estos señalamientos corresponden a otra estructura armada y deben distinguirse de las amenazas atribuidas al Frente 36.

La empresa también advirtió sobre actividades de minería ilegal en áreas de influencia de las centrales Porce II y Porce III. En Granizal, jurisdicción de Bello, reportó cobros ilegales relacionados con el acceso al agua y amenazas contra conductores de carrotanques y líderes comunitarios, con consecuencias para el abastecimiento de la población.