La libertad de prensa no puede quedar bajo amenaza

Ningún colombiano debería salir de su trabajo bajo una amenaza de muerte. Que ese trabajo consista en informar añade una responsabilidad pública que el país no puede eludir: cuando se pretende silenciar a un periodista, se intenta privar a los ciudadanos de una parte de su libertad. Defender esa vida y esa voz es una obligación del Estado, no un gesto de benevolencia.

Las alertas que llevaron a evacuar Caracol Televisión y a activar protocolos en Caracol Radio, así como los riesgos advertidos para RCN y la protección anunciada para Semana, exigen más que declaraciones de rechazo. Las autoridades deben esclarecer las amenazas y garantizar la seguridad de quienes informan. Esa obligación no termina cuando la noticia desaparece de los titulares.

La Policía informó que no encontró evidencia de explosivos en las instalaciones de Caracol Televisión ni en sus inmediaciones. Ese resultado no autoriza a desestimar la advertencia. Como señaló la Fundación para la Libertad de Prensa: “Que no se hayan encontrado explosivos no significa que el riesgo haya cesado”. Sería inadmisible que la ausencia de una tragedia sirviera para justificar la ausencia de seguimiento.

Quien amenaza a una redacción busca intervenir en sus decisiones. Pretende escoger las preguntas, impedir las denuncias y establecer los asuntos sobre los cuales debe guardarse silencio. No necesita conseguirlo todo, una fuente que deja de hablar o una investigación que se abandona pueden bastarle. Por eso, la intimidación debe enfrentarse desde que aparece, antes de que logre imponer sus condiciones.

Colombia no puede alegar desconocimiento de ese peligro. Guillermo Cano fue asesinado el 17 de diciembre de 1986. El 2 de septiembre de 1989, una explosión destruyó parte de la sede de El Espectador. El narcotráfico quiso castigar las denuncias del periódico y someter su voluntad de publicarlas. Recordar aquellos hechos obliga a preguntarse qué se está haciendo hoy para impedir que esa violencia se repita.

Los atentados contra Vanguardia Liberal, en octubre de 1989, y contra la sede de Caracol Radio, en agosto de 2010, también pertenecen a esa memoria. Las explosiones alcanzan mucho más que una empresa periodística, ponen en peligro a trabajadores, vecinos y transeúntes. No hay una frontera que permita encerrar las consecuencias de la violencia dentro del edificio contra el cual se dirige.

La memoria, sin embargo, sirve de poco si solo comparece en los aniversarios. Un país no honra a sus periodistas asesinados mientras acepta que otros deban escoger entre investigar y sobrevivir. Los nombres de las víctimas no pueden convertirse en sustitutos de las garantías que faltan. Su recuerdo exige decisiones presentes, responsables identificados y una justicia que no deje la amenaza disponible para repetirse.

El Gobierno y la Policía deben garantizar protección oportuna, concertada con los medios y sostenida mientras persista el riesgo. La Fiscalía debe establecer el origen y alcance de las amenazas e identificar a sus responsables. A las autoridades les corresponde rendir cuentas sobre sus actuaciones sin divulgar información que exponga a los amenazados. La reserva necesaria para proteger una investigación no puede convertirse en una excusa para eludir explicaciones.

La misma diligencia debe llegar a las regiones. En mayo de 2022, la FLIP documentó la salida del aire de quince medios durante el paro armado del Clan del Golfo en Antioquia y Córdoba. Allí también se lesionó el derecho de los ciudadanos a informarse. Una emisora comunitaria no merece menos protección porque su silencio apenas se escuche fuera del municipio al que sirve.

Tampoco puede admitirse que la seguridad tenga un precio editorial. Un periodista protegido conserva el derecho de investigar a quienes lo protegen. Puede cuestionar al Gobierno, denunciar actuaciones policiales y exigir explicaciones a cualquier funcionario. La protección estatal no genera una deuda de gratitud que deba pagarse con silencio. Su razón de ser es permitir que esa libertad se ejerza sin miedo.

A quienes ocupan cargos públicos les corresponde entenderlo también al hablar. Controvertir una información es legítimo; señalar al periodista como enemigo por publicarla desconoce la función que cumple. Ningún gobernante tiene derecho a reclamar una prensa dócil. Y ninguna organización armada puede atribuirse autoridad para corregir, mediante amenazas, lo que considera inconveniente para sus intereses. Las armas no conceden derechos sobre la palabra ajena.

La defensa de esa libertad tampoco puede depender de simpatías. Un medio amenazado merece solidaridad aunque sus posiciones incomoden, sus investigaciones provoquen desacuerdos o sus páginas sostengan ideas distintas. Defender únicamente a quienes piensan igual equivale a dejar el derecho sujeto a una conveniencia. La libertad de prensa exige reconocer la de los demás con la misma firmeza con que se reclama la propia.

No basta con que una redacción pueda volver a abrir sus puertas. Debe poder publicar la investigación que preparaba, hacer la pregunta que tenía pendiente y escuchar a la fuente que alguien quiso callar. Esa es la garantía que debe exigirse. La prensa no tiene que pedir permiso para cumplir su oficio. El Estado tiene que impedir que alguien se lo exija a punta de amenazas.