Tarifas de energía en el Caribe: congresistas plantean medidas para los usuarios y Afinia

Las tarifas de energía en el Caribe y las condiciones financieras de Afinia fueron objeto de planteamientos del representante a la Cámara por el Cesar, Gumer de la Peña, y del senador Juan Fernando Espinal Ramírez. En intervenciones separadas, los congresistas abordaron la modernización de las redes, los costos para los hogares y la financiación del servicio.

De la Peña aseguró que continuará insistiendo en que los nuevos parques solares y eólicos de la región permitan establecer tarifas diferenciales para los usuarios de estratos 1, 2 y 3. Durante una entrevista en Bogotá, cuya fecha de grabación no fue precisada en la información disponible, señaló que los proyectos de generación deben acompañarse de inversiones en distribución.

“Se siguen pagando unas tarifas muy altas”, afirmó el representante al referirse a los costos que asumen los hogares de la costa. Según explicó, tanto el gobierno anterior como el actual asumieron compromisos relacionados con proyectos de generación renovable, pero consideró que su aprovechamiento requiere actualizar las redes y las subestaciones de los departamentos caribeños.

“Hoy nosotros tenemos una fractura en toda esta red de distribución. Entonces nada ganamos con tener mayores parques solares, mayor energía eólica o mayor ingreso de energía”, sostuvo De la Peña. Su planteamiento vincula la ampliación de la oferta eléctrica con obras que permitan distribuirla y mejorar las condiciones de prestación del servicio.

El congresista estimó que la actualización de la infraestructura en Cesar, La Guajira y Magdalena requeriría una inversión cercana a cinco billones de pesos. Ese valor corresponde al cálculo expuesto durante la entrevista. La información disponible no incluye un estudio técnico, un presupuesto desagregado ni un cronograma de obras que permitan contrastar el alcance de la estimación.

De la Peña también propuso retomar un proyecto termoeléctrico en el Cesar para aprovechar la producción de carbón del departamento. Señaló que trabaja para impulsar esa iniciativa, aunque no precisó su capacidad de generación, localización, financiación o estado de licenciamiento. La solicitud de tarifas diferenciales tampoco estuvo acompañada de un mecanismo regulatorio o una fecha de aplicación.

Por su parte, Juan Fernando Espinal Ramírez, senador del Centro Democrático, abordó las dificultades financieras de Afinia en un análisis publicado el 6 de noviembre de 2026. El congresista señaló que la compañía ha realizado inversiones en infraestructura superiores a 3,6 billones de pesos, destinadas a subestaciones, circuitos, transformadores y redes de distribución en el Caribe.

Según las cifras expuestas por Espinal, el operador presenta pérdidas de energía cercanas al 29 % y un recaudo aproximado del 85 %. También mencionó más de 170.000 viviendas en condiciones de subnormalidad eléctrica, donde, de acuerdo con su análisis, la recuperación de los valores facturados se sitúa alrededor del 5 %.

El senador indicó que las obligaciones pendientes de entidades oficiales con Afinia superaban los 420.000 millones de pesos al 31 de agosto de 2026, incluido el mercado de la zona de escisión. Asimismo, señaló que las dificultades de seguridad y los obstáculos para normalizar las redes afectan la operación y la recuperación de recursos.

“Afinia se ha sostenido gracias a la voluntad de EPM, voluntad que llegó a su fin al no poder otorgar más apoyos de flujo de caja”, expresó Espinal. Ante esa situación, propuso gestionar créditos, garantías, mecanismos de financiación respaldados en flujos futuros de subsidios y acuerdos con generadores y otros agentes del mercado eléctrico.

Las dificultades de liquidez tuvieron un antecedente reciente en las obligaciones de Afinia con XM, administrador del Mercado de Energía Mayorista. El 29 de octubre se informó del pago de aproximadamente 131.000 millones de pesos, realizado con respaldo de EPM, que permitió evitar la limitación de suministro prevista para el día siguiente.

A ese escenario se suma un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por 739.562 millones de pesos establecido por la Contraloría Distrital de Medellín sobre la adquisición de CaribeMar, empresa que opera bajo la marca Afinia. El organismo cuestionó decisiones que permitieron cerrar la transacción en septiembre de 2020, durante la administración de Daniel Quintero.

Según el análisis del ente de control, EPM contaba con una alternativa contractual para desistir de la compra ante el incumplimiento de un indicador de recaudo. El cuestionamiento se concentra en la decisión de renunciar a esa posibilidad y continuar con la adquisición, mediante la autorización de la junta directiva y la suscripción de un otrosí.

El presunto detrimento corresponde a dividendos proyectados que EPM habría dejado de percibir: 509.238 millones de pesos de la vigencia 2024 y 230.324 millones de 2025. El hallazgo debe continuar su trámite ante la dependencia de responsabilidad fiscal y no constituye una decisión definitiva sobre responsabilidades individuales.

Los planteamientos de los congresistas se refieren a asuntos distintos de la prestación del servicio: De la Peña solicita cambios que reduzcan los costos para los hogares, mientras Espinal propone mecanismos para financiar la operación de Afinia. En las intervenciones revisadas no se presenta una decisión que establezca nuevas tarifas diferenciales ni un acuerdo definitivo de financiación.