Congreso
Congreso aprobó la ley de sometimiento del Gobierno de De la Espriella
Senado y Cámara respaldaron el proyecto que establece condiciones para el sometimiento de estructuras criminales. El texto pasó a sanción presidencial.
Las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaron este martes 3 de noviembre la ley de sometimiento impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La Cámara acogió el texto avalado por el Senado, con lo que la iniciativa terminó su trámite legislativo sin necesidad de conciliación y quedó pendiente de sanción presidencial.
El Senado aprobó el proyecto con 57 votos a favor y 24 en contra. En la Cámara, la votación final fue de 95 votos positivos y 10 negativos, según los reportes sobre el cierre del debate. Los 99 votos favorables y 39 contrarios correspondieron a la aprobación del informe de ponencia, una etapa anterior a la decisión definitiva.
Identificada como el Proyecto de Ley 296 de 2026 Senado y 433 de 2026 Cámara, la iniciativa fue radicada el 13 de octubre. Su propósito es modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, que contiene instrumentos para el manejo del orden público. El trámite se adelantó ante el vencimiento de su vigencia, previsto para el 4 de noviembre.
El esquema contempla rebajas de penas de hasta el 50% para integrantes de base de las organizaciones criminales y de hasta el 3% para sus cabecillas, quienes ejerzan funciones de mando deberán cumplir un mínimo de diez años de prisión. Estos tratamientos estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos del sometimiento.
Entre las obligaciones descritas por el Senado durante el trámite figuran la dejación de armas, el cese de actividades ilícitas y la entrega de información para identificar integrantes y desmantelar las estructuras. También se exige colaboración con las investigaciones judiciales, aportes sobre el paradero de personas desaparecidas y la entrega de menores reclutados para activar las medidas de protección correspondientes.
La reparación de las víctimas forma parte de las condiciones previstas. Quienes se acojan deberán contribuir a identificar y entregar bienes relacionados con las actividades criminales. De acuerdo con la explicación institucional del proyecto, el acceso a beneficios depende de compromisos verificables y del control de las autoridades judiciales, y no únicamente de la manifestación de abandonar la organización.
Tras la aprobación en el Senado, el ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino, afirmó el 3 de noviembre que el mecanismo mantiene las herramientas de persecución judicial. “No hay suspensión de orden de captura, no hay suspensión de órdenes de extradición, no hay un proceso de negociación”, declaró en su balance del debate legislativo.
El ministro explicó que el incumplimiento de las condiciones impedirá acceder a reducciones de pena o a los tratamientos previstos para la libertad condicional. Por su parte, los reportes sobre la aprobación señalan que los responsables de reclutamiento de menores quedaron excluidos de los beneficios. Cancino también indicó que la duración de la iniciativa se redujo de diez a cuatro años durante las discusiones
Uno de los cambios aprobados en el Senado fue la eliminación del artículo 25, relacionado con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon. La supresión recibió 78 votos. La corporación también incorporó disposiciones sobre deforestación y tala ilegal en el artículo 17 y aprobó dos artículos nuevos relacionados con garantías jurídicas para la fuerza pública.
El debate incluyó cuestionamientos de la oposición sobre el alcance de los beneficios y el procedimiento legislativo. En la Cámara se reabrió la votación del informe de ponencia después de reclamos por la ausencia de sustentación y deliberación antes de su aprobación inicial. Tras repetir esa etapa, la plenaria respaldó la ponencia con 99 votos a favor y 39 en contra.
Con la adopción del mismo articulado en ambas corporaciones, el proyecto pasó a sanción presidencial. El Gobierno anunció que esperaba completar ese procedimiento el 4 de noviembre, antes del vencimiento del marco de orden público que busca prorrogar. La aprobación del Congreso corresponde al cierre de la etapa legislativa; la sanción es el paso pendiente informado al terminar las sesiones.
