Comerciantes de Montería protestan contra la ZER y crece el rechazo a las nuevas fotomultas en Córdoba

Los comerciantes del centro de Montería han manifestado su rechazo a la Zona de Estacionamiento Regulado (ZER) y han confirmado su participación en el paro programado para el lunes 17 de marzo. La medida, que entrará en plena operación ese día, contempla la inmovilización de vehículos e instalación de cepos a quienes infrinjan la normativa.

Según los comerciantes, la ZER ha generado una caída en las ventas, ya que los clientes han dejado de acudir a los negocios debido a las dificultades para estacionar. Además, critican la falta de socialización de la medida y advierten que el comercio ya venía atravesando dificultades económicas.

La protesta ha sido convocada por la Cámara de Comercio de Montería y ha recibido un amplio respaldo del sector productivo, que busca que las autoridades reconsideren las condiciones de implementación del sistema.

Por otro lado, la alcaldía ha anunciado que, a partir de marzo, los residentes del centro podrán obtener permisos gratuitos e ilimitados para estacionar en la zona. Para acceder a este beneficio, deberán registrarse en un sistema digital que usará códigos QR y cumplir con ciertos requisitos, como demostrar la propiedad o arrendamiento del inmueble y no contar con parqueadero propio.

Críticas al proyecto de fotomultas en Córdoba:

Mientras Montería enfrenta tensiones por la ZER, en el departamento de Córdoba se ha generado controversia por la inminente instalación de 10 cámaras de fotomultas en diversas vías del territorio.

El diputado Gabriel Calle Aguas denunció que el proyecto, estructurado desde 2022, ya está en proceso de adjudicación en el Secop II y que la empresa privada que lo maneje obtendrá el 60% de los ingresos, mientras que la Gobernación solo tendrá el 40%.

Según el diputado Gabriel Calle Aguas, la inversión inicial de 6 mil millones de pesos en dispositivos electrónicos se recuperará en el primer año de operación, mientras que en 20 años se estima un recaudo de 900 mil millones de pesos en multas, distribuidos en 758 mil millones por exceso de velocidad, 42 mil millones por SOAT vencido, 30 mil millones por tecnomecánica vencida y 85 mil millones por tránsito en sentido contrario.

El diputado alertó que el proyecto no especifica la ubicación exacta de las cámaras, pero que su objetivo es castigar a los cordobeses en lugar de mejorar la seguridad vial. También indicó que la concesión del contrato es por 20 años, lo que representará un gran flujo de dinero para el sector privado, en contravía de la ley que establece que solo el 10% del recaudo de fotomultas puede destinarse a privados.

Finalmente, el diputado Gabriel Calle Aguas instó al gobernador de Córdoba, Herazo Zuleta, a revisar la legalidad de la concesión y evitar que se transforme en un negocio millonario que perjudique a los cordobeses.