Borrador de decreto para regulación de plataformas turísticas aviva tensión en el sector

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó un proyecto de norma que endurece los requisitos para el Registro Nacional de Turismo en viviendas de alquiler corto. Mientras gremios hoteleros respaldan la medida como un paso hacia la formalización, el sector tecnológico advierte riesgos para la economía digital y la pérdida de empleos.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, publicó para comentarios un borrador de decreto que pretende modificar las condiciones para la operación de viviendas turísticas y el funcionamiento del Registro Nacional de Turismo (RNT).

La iniciativa busca transformar el actual modelo declarativo de registro en un esquema de validación más riguroso mediante la creación del Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo (Svcrnt). Este mecanismo obligaría a realizar cruces de información en tiempo real entre las cámaras de comercio, las plataformas digitales, las alcaldías y las autoridades fiscales, con el objetivo de garantizar que los prestadores de servicios cumplan con la normativa vigente antes de ofertar sus inmuebles al público.

La propuesta ha sido recibida positivamente por los gremios tradicionales del sector, como la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, manifestó que el fortalecimiento del RNT es un instrumento esencial para avanzar hacia un turismo sostenible y competitivo, alineado con las necesidades de los territorios. Según el dirigente gremial, la actualización normativa no busca prohibir la actividad de las plataformas, sino ordenar las dinámicas de alojamiento respetando la ley de propiedad horizontal, los derechos de los residentes y la seguridad tanto de las comunidades como de los turistas. Por su parte, Paula Cortés, presidente de Anato, defendió la necesidad de la interoperabilidad de los registros para facilitar la identificación de los operadores y frenar la informalidad que se agudizó tras la pandemia.

En contraposición, la industria tecnológica y los representantes de las plataformas digitales han expresado una profunda preocupación frente a lo que denominan cargas burocráticas desproporcionadas. La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) advirtió que las nuevas exigencias, tales como la obligación de adjuntar certificados de uso del suelo y autorizaciones explícitas de las asambleas de copropietarios en los reglamentos de propiedad horizontal, constituyen en la práctica una barrera de entrada casi insuperable para los pequeños propietarios. Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT, señaló que estas medidas podrían interpretarse como una “licencia hotelera de facto” que pone en riesgo un ecosistema económico que aportó cerca de 554 millones de dólares al PIB turístico en 2024 y del cual dependen más de 215.000 empleos.

El impacto económico de las rentas cortas es uno de los puntos centrales del debate. Según un estudio reciente de Airbnb, la actividad de anfitriones y huéspedes generó en Colombia un impacto estimado de 10,6 billones de pesos durante 2024. De esta cifra, 1,6 billones correspondieron a ingresos directos de los anfitriones, mientras que los 9 billones restantes beneficiaron a comercios locales, transporte y gastronomía. Xavier Camilo Cárdenas, CEO de Wellcome Travel, alertó que la implementación inmediata de estas medidas podría provocar la desaparición de más del 95 por ciento del inventario de propiedades listadas, incentivando paradójicamente la informalidad al empujar a los prestadores hacia canales sin trazabilidad ni recaudo tributario.

Desde la perspectiva jurídica, el borrador ha suscitado cuestionamientos sobre su viabilidad administrativa y legal. El exsenador Horacio José Serpa calificó la iniciativa como una “expropiación administrativa del derecho a la propiedad”, argumentando que el Ejecutivo pretende imponer vía decreto requisitos que la Ley de Turismo de 2020 no contempló. Serpa advirtió sobre un posible colapso institucional en las alcaldías, que tendrían que asumir la carga de gestionar verificaciones de uso del suelo para miles de inmuebles individuales. Además, la exigencia de modificar los reglamentos de propiedad horizontal requeriría mayorías calificadas en asambleas de copropietarios, procesos complejos que, según la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga), transforman un trámite accesible en un proceso excluyente para el prestador pequeño.

Frente a la controversia, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, aseguró que el proceso no busca limitar a las plataformas ni perjudicar a los actores del sistema, sino reglamentar de manera equilibrada para otorgar seguridad jurídica. La funcionaria destacó que se han mantenido mesas de diálogo abiertas con gremios, propiedad horizontal y plataformas para escuchar inquietudes y propuestas. El documento permanecerá abierto para comentarios y observaciones ciudadanas hasta el 17 de diciembre, mientras Airbnb ha comunicado que sus operaciones continúan con normalidad y ha reiterado su disposición para trabajar técnicamente con el Gobierno en una regulación que fortalezca el turismo sin afectar a las familias que dependen de esta actividad.