Sanción de Procuraduría genera incertidumbre por designación de rector en Universidad del Atlántico

El Ministerio de Educación Nacional oficializó mediante la resolución 024488 la designación de Rafael Ángel Castillo Pacheco como rector y representante legal de la Universidad del Atlántico. Esta decisión se enmarca en las medidas de vigilancia especial que la cartera educativa adelanta sobre la institución debido a graves afectaciones en el orden institucional y riesgos en la prestación del servicio educativo. El nombramiento del economista tiene como objetivo principal restablecer la normalidad académica y administrativa tras la remoción del anterior rector Leyton Daniel Barrios Torres.

La viabilidad del encargo enfrenta cuestionamientos técnicos debido a la existencia de una sanción disciplinaria vigente contra Castillo Pacheco según los registros de la Procuraduría General de la Nación. El certificado de antecedentes del ente de control indica que el funcionario cuenta con una suspensión de cuatro meses la cual fue ratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento el 21 de febrero de 2025. Aunque una inhabilidad previa de diez años fue revocada la medida de suspensión actual permanece activa y no ha sido ejecutada por la universidad.

El origen de los procesos disciplinarios contra el académico se remonta a hechos ocurridos en junio de 2015 cuando ejercía funciones directivas en la misma alma mater. La Procuraduría determinó en su momento que Castillo Pacheco incurrió en una falta gravísima al otorgar una comisión de servicios remunerada a un docente para cursar estudios de doctorado en Argentina. El Ministerio Público calificó la actuación como una extralimitación de funciones y un abuso del cargo al vulnerar los principios de rectitud y honestidad que rigen la administración pública.

La resolución del Ministerio de Educación sostiene que el designado cumple con los requisitos y calidades exigidas en el Estatuto General de la institución para liderar el proceso de intervención. El documento administrativo señala que la autonomía universitaria debe subordinarse a la facultad del Estado para intervenir cuando se detectan fallas que ponen en riesgo la continuidad del servicio educativo superior. La permanencia de Castillo en el cargo está sujeta a la evolución de la situación interna y al cumplimiento de los objetivos de transparencia establecidos por el Gobierno.

Expertos en derecho administrativo han señalado que la vigencia de antecedentes disciplinarios constituye una barrera legal para la posesión y el ejercicio de funciones en el sector público. Hasta la fecha la Universidad del Atlántico no ha notificado al Ministerio Público la aplicación efectiva de la sanción de cuatro meses ni el registro oficial de su cumplimiento. Esta falta de reporte administrativo mantiene la anotación vigente en el sistema de antecedentes lo que genera dudas sobre la seguridad jurídica del nuevo nombramiento en el departamento.