Caribe
Restablecen cobro de la Tasa de Seguridad en Sucre a partir de febrero
La Gobernación de Sucre confirmó que desde el próximo mes de febrero se reactivará el recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las facturas de energía.
La Asamblea Departamental de Sucre aprobó la Ordenanza 047 de 2025 en la sesión extraordinaria del pasado 17 de diciembre de 2025. Esta normativa permite retomar el recaudo de este tributo tras seis meses de suspensión judicial derivada de un fallo del Tribunal Administrativo de Sucre emitido en agosto. La nueva disposición legal incorpora los lineamientos de la Ley 2272 de 2022 y la Sentencia C-363 de 2023, corrigiendo las imprecisiones técnicas sobre el hecho generador que motivaron la nulidad de la ordenanza anterior.
El gravamen se aplicará exclusivamente a los estratos socioeconómicos cuatro, cinco y seis, así como a los sectores comerciales e industriales del departamento. La administración departamental ratificó que el 98% de la población, perteneciente a los estratos uno, dos y tres, continuará exenta de esta obligación financiera tras los ajustes realizados en el debate parlamentario. En Sincelejo y Coveñas se concentra la mayor densidad de contribuyentes que verán reflejado el cargo en sus recibos de servicio público desde el ciclo de facturación de febrero.
La subsecretaria Tributaria del departamento, Yalenis Santiz, explicó que el valor del cobro se determinó mediante la Unidad de Valor Tributario, fijada en 49.799 pesos para la vigencia fiscal 2026. Los estratos residenciales obligados tributarán entre cuatro y ocho unidades, mientras que el sector comercial experimentó una reducción en su tarifa, estableciéndose en 12 unidades. La funcionaria enfatizó que el sistema de cobro será estricto y contará con medidas de fiscalización para asegurar el ingreso de recursos al fondo territorial de seguridad.
La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, señaló que los recursos obtenidos son indispensables para el sostenimiento de las estrategias de orden público en la región. Durante la sustentación ante la duma, la mandataria destacó que la vigencia anterior permitió una inversión de 35.000 millones de pesos destinados a la compra de 140 vehículos y 500 equipos tecnológicos. García Montes vinculó estas inversiones con la reducción de indicadores de criminalidad y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía y el Ejército.
Abogados y líderes gremiales de Sincelejo, como Aldemar Alfaro y Roberto Reyes, manifestaron su oposición durante el trámite de la ordenanza que culminó el 18 de diciembre. Los representantes del sector privado argumentaron que la carga tributaria afecta la competitividad de las empresas locales en un contexto de presión fiscal. Pese a las objeciones y a una sesión de quórum ajustado, que requirió la presencia de la diputada Lucía Cohen para su votación final, la iniciativa recibió el respaldo para su implementación inmediata.
