Justicia y control
Procuraduría pide a la UNP esclarecer situación de seguridad de concejal asesinado en Antioquia
El Ministerio Público activó un plan de seguimiento y pidió a la Unidad Nacional de Protección un informe detallado sobre el estado de seguridad del concejal Juan Camilo Espinoza Vanegas, asesinado en San Andrés de Cuerquia.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un informe sobre las condiciones de seguridad del concejal Juan Camilo Espinoza Vanegas, asesinado el pasado 16 de junio en el centro del municipio de San Andrés de Cuerquia, en el Norte de Antioquia. El ente de control busca establecer si el funcionario había solicitado medidas de protección o reportado amenazas que justificaran un esquema de seguridad previo a su asesinato.
Como parte del seguimiento, el Ministerio Público articuló acciones con sus procuradores regionales y provinciales, quienes se encuentran en contacto con los órganos investigativos para verificar si el crimen pudo estar relacionado con el ejercicio de sus funciones como concejal o si existían amenazas de carácter personal.
Además, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer designó un procurador judicial especializado en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con el fin de acompañar el proceso contra un menor de 17 años que fue aprehendido como presunto implicado en el homicidio.
El procurador designado ha participado en las audiencias preliminares del caso y continuará el seguimiento del proceso judicial del joven, en atención al debido proceso y a la protección de sus derechos.
El asesinato del concejal, ocurrido en una vía céntrica del municipio, fue captado por cámaras de seguridad. Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por dos personas que se movilizaban en motocicleta. Una de ellas, el menor aprehendido, portaba un arma de fuego que habría sido utilizada en el crimen. El otro implicado logró huir del lugar.
De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, una de las principales hipótesis apunta a la posible participación de estructuras ilegales como las disidencias del frente 36 de las Farc, que estarían instrumentalizando a menores en estos actos. La Gobernación ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar al segundo implicado.
La Procuraduría reiteró su rechazo a los actos de violencia contra servidores públicos e hizo un llamado a las autoridades para que fortalezcan las medidas de prevención frente a los riesgos y amenazas que enfrentan funcionarios en ejercicio de sus cargos.
