Justicia y control
JEP imputa a mandos del Bloque Caribe de las Farc por 827 secuestros y crímenes de lesa humanidad
La JEP imputó a cinco excomandantes del Bloque Caribe de las Farc por su papel en la política de secuestros, incluyendo torturas, desapariciones y asesinatos, que dejaron 827 víctimas directas en el norte del país.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a cinco antiguos mandos del Bloque Caribe de las Farc por su responsabilidad en 827 secuestros cometidos durante el conflicto armado. Los hechos ocurrieron principalmente en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Atlántico, en zonas como la Sierra Nevada, Montes de María y La Mojana.
Entre los imputados están Abelardo Caicedo Colorado (‘Solís Almeida’), Osmany Landero Rodríguez (‘Hernando González’), Gilberto Giraldo Muñoz (‘Aldemar Altamiranda’), Luis Cuadras Mejía (‘Leonardo Guerra’) y Uriel Oviedo Salgado (‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’), quienes tenían mando efectivo y capacidad de control sobre sus tropas. Según la JEP, pese a las órdenes internas de buen trato a los cautivos, estos comandantes permitieron y toleraron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones.
El Bloque Caribe fue responsable del 15% de los secuestros cometidos por las Farc a nivel nacional, según las cifras del Caso 01, que investiga esta práctica con un total de 4.213 víctimas acreditadas. Entre los secuestros emblemáticos está el de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo (‘La Cacica’), asesinada en cautiverio, y el del exministro Fernando Araújo Perdomo, quien estuvo seis años secuestrado.
La JEP identificó 49 retenes ilegales o “pescas milagrosas” instalados en vías estratégicas del Caribe colombiano para interceptar vehículos y secuestrar personas, en su mayoría ganaderos, comerciantes y transportadores. Las exigencias económicas por la liberación oscilaban entre uno y cinco millones de pesos. En algunos casos, como el de Martín Rodelo, taxista de Bolívar, las víctimas eran personas sin capacidad de pago.
El análisis de la cadena de mando determinó que los excomandantes no solo ordenaron estos secuestros, sino que también permitieron tratos crueles y vejaciones. El sector ganadero fue particularmente afectado, al ser estigmatizado como presunto colaborador del paramilitarismo, lo que derivó en asesinatos, desapariciones y robo de ganado.
La imputación incluye crímenes de guerra (toma de rehenes, tortura, tratos crueles) y de lesa humanidad (desaparición forzada, asesinato, desplazamiento). Según la JEP, estos delitos son imprescriptibles y no admiten amnistía.
Los excombatientes tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos o controvertirlos. Si aceptan su responsabilidad, se avanzará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad. De lo contrario, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
En paralelo, la JEP ha imputado por secuestros a exmandos de otras estructuras de las Farc, como el Secretariado, el Comando Conjunto Central, el Bloque Occidental y el Bloque Noroccidental. El proceso busca atender las demandas de verdad de las víctimas, construir memoria histórica y sentar las bases para la no repetición.
