Fiscalía vincula a Jaime Ramírez Cobo y modifica cargos contra María Alejandra Benavides en caso UNGRD

La Fiscalía General de la Nación amplió hoy la investigación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al vincular formalmente a Jaime Ramírez Cobo, enlace de la Presidencia con el Congreso, y al modificar la imputación contra María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.

Benavides será procesada ahora por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía confirmó que en un encuentro del 23 de noviembre de 2023, Benavides informó al entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que el congresista Juan Pablo Gallo pedía “las mismas condiciones de los otros congresistas”. Según la fiscal del caso, Bonilla dio su aprobación.

Otro encuentro ocurrió en diciembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda, donde el viceministro Diego Guevara y Benavides se reunieron con congresistas de la Comisión de Crédito Público. Según la Fiscalía, allí se dio luz verde para “probablemente viabilizar contratos” en 2024, por un monto superior a $92 mil millones, destinados a proyectos en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Jaime Ramírez Cobo, amigo personal de Laura Sarabia y padrino de matrimonio de su pareja, es señalado como un actor clave en el escándalo. Chats en poder de la Fiscalía muestran que Ramírez pidió agilizar contratos para congresistas, enviando incluso matrices de los proyectos a la UNGRD. El objetivo, según la investigación, era asegurar el respaldo legislativo necesario para la aprobación de un cupo de deuda con organismos internacionales.

La representante Karen Manrique, miembro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, también aparece en la investigación, al igual que su esposo, presunto intermediario de contratos. Ambos serán llamados por la Fiscalía en los próximos días.

Por el momento, Benavides no ha aceptado los cargos, argumentando que adelanta un principio de oportunidad con la Fiscalía. La pregunta que persiste es si Ramírez cuenta con algún tipo de protección política, dado su vínculo con el entorno de Sarabia.

Aunque el ente acusador ya ha adelantado interrogatorios a Ramírez, todavía no ha formalizado imputaciones contra Bonilla, Velasco ni otros altos funcionarios. Las próximas semanas serán decisivas para esclarecer hasta dónde llega la red de responsabilidades en el alto gobierno.