Justicia y control
Corte Suprema ordena captura de Iván Name y Andrés Calle por corrupción en la UNGRD
La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la captura de Iván Name (Alianza Verde) y Andrés Calle (Partido Liberal), quienes fueron presidentes del Senado y la Cámara de Representantes durante el periodo investigado. La decisión se adoptó en sesión reservada del alto tribunal y contempla medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros.
Según fuentes de la Corte, el arresto fue ejecutado por personal del CTI. La investigación está relacionada con la adjudicación de contratos en la UNGRD, entidad encargada de la gestión de riesgos y desastres en el país.
El caso se centra en la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua potable a comunidades de La Guajira. La Fiscalía señaló que, en septiembre de 2023, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, habría recibido $3.000 millones de pesos en efectivo para entregar a Name y $1.000 millones para Calle. Los dineros habrían sido proporcionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, bajo instrucciones de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
De acuerdo con el ente acusador, los pagos buscaban asegurar el respaldo de los congresistas a iniciativas del Gobierno en el Congreso, incluyendo, según testimonios, la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
La defensa de Andrés Calle, encabezada por el abogado Billie Torres, solicitó que no se impusiera medida de aseguramiento, argumentando colaboración con la justicia y ausencia de riesgo de fuga. No obstante, la Sala de Instrucción consideró que existían méritos suficientes para continuar con la medida restrictiva.
La investigación, iniciada formalmente en noviembre de 2024, se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno, involucrando a altos funcionarios, contratistas y congresistas en ejercicio.
