Justicia y control
Colombia reconoce responsabilidad por el asesinato de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres
Treinta y cuatro años después del crimen impune de los reporteros de El Espectador en Segovia, el Estado colombiano firmó un acuerdo con sus familias, comprometiéndose a reparar los daños, garantizar no repetición y avanzar en la investigación.
El 24 de abril de 1991, el periodista Julio Daniel Chaparro y el fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas fueron asesinados en Segovia, Antioquia, mientras cubrían las secuelas de una masacre paramilitar perpetrada tres años antes. Treinta y cuatro años después, el Estado colombiano asumió su responsabilidad internacional por la impunidad de este crimen y firmó un acuerdo de solución amistosa con las familias de las víctimas, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El crimen ocurrió en el contexto de una región disputada por el ELN y grupos paramilitares, en plena escalada de violencia contra la prensa. La Fiscalía abrió una investigación en 1991, detuvo a seis presuntos miembros del ELN y llamó a juicio a tres, pero en 1994 revocó las decisiones judiciales. El caso fue archivado y reabierto en múltiples ocasiones, sin resultados. En 2020, la Fiscalía acusó por homicidio agravado a tres miembros del Comando Central del ELN, pero sin detenciones ni juicios concretos.
La falta de avances llevó a que, en 2011, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y, posteriormente, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), junto con las familias, presentaran el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras una década de trámite internacional, el caso fue admitido por el sistema y, en 2024, el Estado colombiano formalizó un acuerdo de solución amistosa.
Durante la ceremonia, funcionarios como Yebrail Haddad, director de Defensa Jurídica Internacional, y representantes de la CIDH destacaron que este acto es un reconocimiento del derecho a la verdad, la justicia y la memoria. Las familias de Chaparro y Torres, junto con miembros de la SIP y la FLIP, reivindicaron su lucha por más de tres décadas.
El acuerdo compromete al Estado a garantizar una investigación judicial seria, ofrecer reparación integral a las víctimas y adoptar medidas de no repetición. La Fiscalía, sin embargo, nunca ha calificado el asesinato como un crimen contra la libertad de prensa ni como un crimen de lesa humanidad, aunque sí lo considera un crimen de guerra, por lo que es imprescriptible.
Julio Daniel Chaparro era también poeta, autor de dos libros, mientras que Jorge Torres era un fotógrafo premiado por su trabajo sobre la violencia. Ambos realizaban la serie de crónicas Lo que la violencia se llevó para El Espectador, cuando fueron asesinados.
