Fiscalía imputa a Daniel Quintero por presuntas irregularidades en el caso Aguas Vivas

La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes al exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, Daniel Quintero, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y prevaricato por acción. La diligencia se adelanta ante el Juzgado 50 Penal Municipal con función de control de garantías, como parte del proceso conocido como caso Aguas Vivas.

En total, fueron imputadas 13 personas, entre exfuncionarios de la administración municipal y particulares, por presuntas actuaciones irregulares relacionadas con la modificación del uso del suelo de un lote ubicado entre El Poblado y la avenida Las Palmas. El predio, originalmente destinado a la construcción del Ecoparque Las Palmas, fue objeto de una serie de decisiones administrativas que, según la Fiscalía, permitieron su valorización de $2.700 millones en 2019 a $48.000 millones en 2020.

De acuerdo con el ente investigador, los implicados habrían favorecido indebidamente a empresas como IDC Inversiones SAS y Técnicas Constructivas SAS, así como a particulares vinculados al entorno político local. La denuncia fue entregada por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien afirmó que en su administración se han identificado “500 casos de corrupción” cometidos por su antecesor.

La Fiscalía sostuvo que los investigados, “actuando como servidores públicos, mediante acuerdo común y con división de trabajo criminal, se interesaron indebidamente en la modificación de este contrato mediante el trámite y la solicitud de conciliación de cesión gratuita del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria y denominado Aguas Vivas”.

Durante la diligencia, el ente acusador indicó que las actuaciones administrativas vulneraron normas urbanísticas y ambientales, lo que constituiría un caso de corrupción administrativa. Además, afirmó que “las decisiones tomadas desde la Alcaldía habrían elevado el valor del lote al modificar su uso del suelo, permitiendo desarrollos como hoteles y espacios comerciales”.

El juez del caso ordenó continuar con la imputación de cargos, a pesar de una nueva solicitud de aplazamiento por la ausencia de abogados de algunos procesados. “Era necesario continuar con el proceso para garantizar los términos del mismo”, indicó la Fiscalía, que se opuso a la suspensión de la audiencia.

La imputación fue dividida en dos momentos: el primero, dirigido a un grupo de exfuncionarios; el segundo, específicamente al exalcalde Daniel Quintero. En este último, la Fiscalía explicó que entre julio de 2017 y diciembre de 2019, las empresas implicadas solicitaron al municipio de Medellín un concepto favorable para la compensación de obligaciones urbanísticas. “Elevan derecho de petición al municipio de Medellín solicitando le sea liquidado el valor de la zona geoeconómica”, precisó el fiscal del caso. Y añadió: “El 23 de julio de 2019 se le informa que el valor estimado es de $44.000 millones (…) una vez hecha la entrega material del bien”.

Según la Fiscalía, el decreto firmado por Quintero para modificar el uso del suelo del predio se expidió “con la finalidad de favorecer intereses particulares”, lo cual habría sido contrario a los deberes legales de su cargo. En la imputación se señaló que “el trámite y la expedición de este tipo de actos no puede llevarse a cabo sin el cumplimiento de los parámetros legales previstos en las disposiciones”.

La audiencia continuará después de Semana Santa, cuando se espera que la Fiscalía radique el escrito de acusación formal contra Quintero.