Consejo de Estado admite tutela contra consulta popular sobre reforma laboral de Petro

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Breyner Aaron contra el presidente Gustavo Petro, la Comisión Séptima del Senado y otros actores institucionales. El recurso busca frenar la convocatoria de una consulta popular para aprobar la reforma laboral, luego de que esta fuera archivada en el Congreso.

El demandante argumenta que la consulta vulnera los derechos fundamentales a la participación política, el voto y la soberanía popular. También cuestiona el uso de este mecanismo para revivir una iniciativa que no superó el trámite legislativo. “Ocho senadores no pueden decidir por millones de colombianos”, señala la tutela, al referirse al archivo del proyecto en la Comisión Séptima con ocho votos a favor y seis en contra.

La tutela fue radicada el 13 de marzo y quedó en manos de la magistrada Gloria María Gómez Montoya. El Consejo de Estado ordenó notificar al presidente de la República, a la presidenta de la Comisión Séptima, Nadia Blel, y a otros terceros vinculados, entre ellos los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, y los ministerios de Trabajo, Salud y Educación. Las entidades tienen dos días hábiles para presentar sus respuestas.

El demandante también pide aplicar la excepción de inconstitucionalidad al artículo 2 de la Ley 754 de 2002, que permite que reformas como la laboral sean discutidas solo en comisiones. Según su criterio, este artículo restringe la deliberación en el Congreso pleno.

La tutela advierte que una consulta popular como la propuesta tendría un costo estimado entre 500.000 y 700.000 millones de pesos, y que no existen garantías de que supere el umbral de participación, como ocurrió con la consulta anticorrupción de 2018. Como alternativa, sugiere utilizar plataformas tecnológicas para recoger la opinión ciudadana de forma más eficiente y menos costosa.

El anuncio de la consulta fue hecho por el presidente Petro tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso. Según la Constitución, una consulta popular debe contar con el aval del Senado, ser convocada mediante decreto presidencial, y celebrarse en un plazo de tres meses. Para que sea válida, se requiere la participación de al menos una tercera parte del censo electoral (alrededor de 13,6 millones de ciudadanos) y mayoría de votos afirmativos.

En paralelo, las centrales obreras —CUT, CTC y CGT— han entregado al Gobierno un cuestionario con 12 preguntas sugeridas para la consulta, centradas en temas como la contratación directa, la eliminación de la tercerización laboral, el pago de recargos y la ampliación de derechos laborales.

La solicitud del Gobierno será radicada ante el Senado el lunes 21 de abril. A partir de entonces, la corporación tendrá hasta 30 días para decidir si aprueba la convocatoria.