CNE suspende investigación contra Petro, pero mantiene proceso contra Roa y equipo de campaña

El Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió provisionalmente la investigación administrativa contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial durante la primera y segunda vuelta de 2022. Esta decisión responde a una orden de la Corte Constitucional que ordenó detener las actuaciones mientras se resuelve una tutela presentada por el mandatario.

El proceso, sin embargo, continúa para los demás implicados. Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol; Lucy Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores; así como los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, tendrán 15 días hábiles para presentar alegatos de conclusión.

El CNE investiga si hubo violación de topes financieros en la campaña presidencial, con montos que, según reportes, podrían superar los $5000 millones. En el auto del 6 de mayo, firmado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se estableció que mientras el proceso queda suspendido para Petro, el resto de los investigados deberá responder por la presunta vulneración al régimen de financiación electoral.

La tutela presentada por el presidente cuestiona la competencia del CNE, argumentando que, por su fuero especial, solo la Comisión de Acusación de la Cámara puede investigarlo. Según Petro, el aval del Consejo de Estado al CNE desató “un caos jurídico” que pone en riesgo la estabilidad institucional.

Aunque Petro ha insistido en que detrás de estas investigaciones existiría un intento de desestabilización política, lo cierto es que, en términos administrativos, la máxima sanción que podría derivarse de este proceso sería una multa equivalente hasta al 10 % de los recursos públicos desembolsados a la campaña, o incluso la devolución parcial o total de los fondos.

La Corte Constitucional deberá resolver de fondo la tutela para definir si el CNE puede o no continuar con las actuaciones contra el jefe de Estado. Hasta entonces, el proceso queda congelado exclusivamente para él, mientras el caso entra en su etapa final para los demás implicados.