Gobierno prepara decreto para fijar precios de vivienda VIS en pesos y eliminar indexación al salario

El Ministerio de Vivienda y Territorio publicó el borrador de un decreto reglamentario destinado a transformar el modelo de comercialización de la vivienda de interés social en el país. La normativa propone que toda promesa de compraventa o encargo fiduciario debe consignar el precio total en pesos colombianos de manera expresa. Esta medida impediría que el costo de los inmuebles se ajuste automáticamente según el incremento anual del salario mínimo legal mensual vigente.

La propuesta técnica establece un límite máximo para estas unidades habitacionales de 135 salarios mínimos, amparándose en la Ley 388 de 1997 y el Plan Nacional de Desarrollo vigente. El documento administrativo estipula que el valor pactado al momento de la separación del inmueble será el único exigible durante toda la ejecución del contrato. Solo se permitirían ajustes excepcionales por aumentos extraordinarios en insumos, debidamente soportados en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones.

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, manifestó que la construcción de proyectos de interés social es un proceso de largo plazo condicionado por múltiples variables financieras y operativas. Según el exfuncionario, eliminar la indexación al salario mínimo traslada los riesgos de inflación y sobrecostos directamente al constructor, lo que podría desincentivar la oferta. Restrepo sostuvo que un cambio de esta naturaleza requiere de un trámite legislativo en el Congreso y no de un decreto.

Por su parte, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Guillermo Herrera, coincidió en que la fijación de precios está definida por leyes que no pueden ser modificadas administrativamente. El directivo gremial advirtió que la desindexación de activos inmobiliarios podría generar una pérdida de valor en los ahorros e inversiones de los ciudadanos. Herrera subrayó que, mientras los arriendos pueden desvincularse del mínimo, las inversiones estructurales requieren estabilidad jurídica para su viabilidad financiera.

El presidente Gustavo Petro defendió la orientación de la medida al calificar como una inconsistencia económica vincular el precio de la vivienda exclusivamente al costo laboral. El mandatario señaló que el valor de las edificaciones depende principalmente de las materias primas, las tasas de interés y el costo de la tierra. Según cifras de Camacol, a noviembre de 2025 se registraron 107.235 unidades vendidas, lo que representa un incremento frente al periodo anterior pese a la incertidumbre normativa.