Comunidades mantienen bloqueos en Coveñas y Tolú por la instalación del peaje La Caimanera

Este miércoles se completan tres días de bloqueos en el corredor vial Tolú–Coveñas, en el departamento de Sucre. Habitantes, comerciantes, trabajadores del turismo y transportadores mantienen puntos cerrados en la glorieta de Tolú y en la Variante Coveñas, donde exigen al Gobierno nacional suspender la instalación del nuevo peaje La Caimanera.

Los voceros del movimiento No al Peaje reiteraron que no permitirán la reubicación de la caseta de cobro y aseguraron que seguirán movilizados mientras el Ministerio de Transporte no derogue la resolución que autoriza su montaje. También expresaron expectativa sobre las gestiones adelantadas por la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, quien ha sostenido conversaciones con el Gobierno nacional para revisar la decisión administrativa.

La presencia de un peaje en este corredor ha sido motivo de controversia durante más de una década. Inicialmente, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) instaló el peaje La Caimanera en el límite entre Tolú y Coveñas. El objetivo declarado era recaudar recursos para la intervención de la vía principal de Coveñas, que presentaba un deterioro significativo.

Lo que empezó como una medida temporal permaneció más de seis años, durante los cuales sectores turísticos y empresariales señalaron afectaciones en la movilidad, en la operación de hoteles, restaurantes y cabañas, y en las dinámicas económicas de ambos municipios. La tarifa, según líderes comunitarios, se convirtió en un obstáculo para el tránsito diario entre ciudades vecinas que comparten actividades comerciales y laborales.

El Consejo de Estado dejó sin efectos la operación del peaje y ordenó su desmonte. Con esa decisión, los habitantes reportaron una recuperación progresiva del turismo y nuevas inversiones privadas y públicas en el Golfo de Morrosquillo.

El Ministerio de Transporte expidió una resolución reciente que autoriza la reubicación del peaje La Caimanera en el kilómetro 9+627 de la Variante Coveñas, dentro del proyecto de Iniciativa Privada Conexión Antioquia–Bolívar que ejecuta la concesionaria Ruta al Mar S.A.S. La decisión reabrió un conflicto que permanecía latente.

El acto administrativo sustenta la necesidad de reubicar la caseta para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto concesionado. Sin embargo, las comunidades cuestionan la figura de “reubicación”, al argumentar que el peaje anterior ya había sido declarado ilegal por el Consejo de Estado.

El Comité Intergremial de Sucre reiteró su rechazo mediante un comunicado en el que señaló que “el Gobierno nacional, en su momento, impuso un peaje que afectó directamente a las comunidades y a cientos de negocios vinculados al turismo”. Indicó que la operación previa generó “afectaciones sociales en las familias del Golfo de Morrosquillo” y contribuyó al descenso de la actividad turística regional.

El pronunciamiento recordó que, tras la decisión judicial que dejó sin efectos el peaje, la región experimentó una reactivación económica sostenida. La organización afirmó que la nueva resolución configura “un nuevo intento de ubicar un peaje en el corredor turístico del Golfo de Morrosquillo”, lo que considera contrario al interés regional.

Los bloqueos intermitentes mantienen restringido el tránsito hacia Sincelejo y hacia la Troncal Antioquia–Bolívar, afectando a transportadores, residentes y prestadores de servicios turísticos. La concesionaria Ruta al Mar S.A.S. confirmó cierres temporales y desvíos operativos en los puntos donde se concentra la protesta.

Las autoridades locales permanecen en comunicación con el Ministerio de Transporte y la ANI para establecer una mesa técnica que permita revisar la resolución y acordar alternativas que no afecten la movilidad ni la sostenibilidad del proyecto concesionado.

Hasta el momento no hay una fecha oficial para una reunión tripartita entre Gobierno nacional, gobernación y voceros comunitarios.