Petro califica al HUV como “centro de esclavitud” y abre debate sobre contratación laboral en salud

El señalamiento del presidente Gustavo Petro sobre el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, al que calificó como un “centro de esclavitud”, abrió un debate nacional sobre la contratación laboral en el sector salud. La afirmación fue publicada el 26 de febrero en su cuenta oficial en la red social X, tras conocerse los resultados preliminares de una inspección del Ministerio de Trabajo en la institución.

La controversia surgió luego de la visita liderada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, quien informó que cerca del 90% del personal estaría vinculado mediante contratos sindicales. Según la funcionaria, alrededor de 4.000 trabajadores prestarían servicios bajo esa modalidad, frente a cerca de 260 con vinculación directa, lo que, a su juicio, evidenciaría posibles prácticas de intermediación laboral ilegal.

“Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000 por funciones similares”, afirmó Muñoz durante la diligencia. Agregó que se habrían identificado presuntas irregularidades relacionadas con jornadas laborales, pago de horas extras, licencias e incapacidades, así como riesgos químicos y ergonómicos en algunas áreas del hospital.

En respuesta, el gerente del hospital, Irne Torres Castro, rechazó los señalamientos y calificó las declaraciones presidenciales como “desafortunadas”, “prematuras” y “discriminatorias”. “Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un personal que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, expresó en entrevista radial. El directivo sostuvo que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes derivados de la inspección preliminar.

De acuerdo con las cifras entregadas por la gerencia, 3.078 personas están vinculadas a través de agremiaciones sindicales autorizadas por el Ministerio de Trabajo, mientras 475 pertenecen a la planta oficial. El resto del personal corresponde a trabajadores contratados por empresas externas que prestan servicios de aseo y vigilancia. Torres aseguró que las organizaciones sindicales operan con aval institucional y que la remuneración de sus afiliados es definida de manera autónoma por cada agremiación.

El gerente explicó además que el hospital se encuentra acogido a la Ley 550, mecanismo de reestructuración empresarial que restringe la ampliación de la planta interna. Señaló que la institución recibe actualmente menos del 50% de lo facturado a las Entidades Promotoras de Salud, situación que limita su flujo de caja y condiciona las decisiones administrativas para garantizar la continuidad del servicio.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, intervino en el debate y respaldó la gestión del hospital. En su cuenta de X afirmó que “en el HUV no se vulneran derechos” y destacó el papel de la institución en la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud. “Resulta fácil lanzar señalamientos desde la distancia; lo verdaderamente difícil es sostener, con hechos y recursos, un hospital público que atiende lo que otros ya no pueden”, escribió.

Desde el Ministerio de Trabajo se anunció la adopción de una medida preventiva para evitar posibles represalias contra trabajadores que hayan entregado testimonios durante la inspección. La cartera indicó que el proceso busca establecer si se están garantizando plenamente los derechos laborales sin afectar la prestación del servicio de salud.

La discusión se concentra en la legalidad y proporcionalidad del uso del contrato sindical como mecanismo de vinculación en entidades públicas de salud. Mientras el Gobierno nacional advierte posibles vulneraciones, la administración del hospital y la Gobernación sostienen que el modelo se ajusta al marco normativo vigente y responde a las restricciones financieras que enfrenta la institución.