Regiones
Gobierno retira proyecto de ley sobre régimen sancionatorio del sector transporte
El Ministerio de Transporte retiró del Congreso el proyecto de ley 347 de 2026 tras cuestionamientos por las sanciones económicas y operativas contra las plataformas digitales de movilidad.
El Gobierno Nacional decidió retirar formalmente el proyecto de ley 347 de 2026, radicado el pasado 20 de enero ante el Congreso de la República, con el propósito de reformular el articulado del régimen sancionatorio del transporte. Según Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte, la determinación responde a interpretaciones erróneas del texto original y a la necesidad de armonizar la propuesta con los acuerdos previos alcanzados con los gremios de carga pesada.
La iniciativa establecía multas de hasta 180.000 Unidades de Valor Básico, equivalentes a 2.179.800.000 pesos colombianos bajo el valor actual de 12.110 pesos por unidad, para quienes facilitaran servicios no autorizados. El artículo 29 del texto contemplaba la inmovilización de vehículos particulares por términos de 30, 60 y hasta 90 días en casos de reincidencia, además de sanciones para usuarios que utilizaran aplicaciones de movilidad como Uber, Didi o Cabify.
La controversia escaló tras advertirse que el artículo 88 del proyecto extendía la responsabilidad a la propiedad horizontal, imponiendo multas de hasta 726.600.000 pesos a edificios que permitieran el estacionamiento o promoción de servicios informales. José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In, señaló que el documento desconocía sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre el derecho de los ciudadanos a beneficiarse de los avances tecnológicos y de la economía digital.
Desde el sector tecnológico, la compañía Uber manifestó a través de un comunicado oficial que criminalizar el uso de aplicaciones pone en riesgo la estabilidad de más de 200.000 familias que dependen de estos ingresos. La empresa enfatizó que el uso de la tecnología no constituye un delito y que la propuesta gubernamental afectaba la seguridad de millones de usuarios que optan por estos servicios para su desplazamiento cotidiano en las principales ciudades.
El retiro de la iniciativa permitirá al Ejecutivo revisar los puntos relacionados con la neutralidad de la red y la potestad de la Superintendencia para suspender plataformas sin orden judicial previa. El Ministerio de Transporte indicó que el nuevo texto buscará combatir la informalidad sin generar distorsiones en el ecosistema digital ni afectar la movilidad urbana, manteniendo el diálogo abierto con los actores involucrados en la prestación del servicio.
