Gobernación de Sucre radica nuevo proyecto de Tasa de Seguridad tras suspensión judicial

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, instaló este martes 2 de diciembre el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental con el objetivo principal de reactivar el cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La iniciativa busca subsanar los vacíos legales que motivaron la suspensión de los efectos de la ordenanza anterior por parte del Tribunal Administrativo de Sucre en agosto de 2025.

Mediante el Decreto 10163 de 2025, la administración departamental convocó a la corporación para el periodo comprendido entre el 2 y el 17 de diciembre, lapso en el cual se discutirán ocho proyectos de ordenanza. El punto central de la agenda es la nueva propuesta para autorizar el recaudo tributario destinado a la seguridad, una fuente de financiación que el gobierno departamental considera indispensable para mantener las capacidades operativas de la fuerza pública en el territorio.

Durante la instalación de las sesiones, la mandataria argumentó que el nuevo texto jurídico ha sido ajustado conforme a la Ley 2272 de 2022 y la Sentencia C363 de 2023. Según explicó García Montes ante los diputados, estas normativas corrigen la indeterminación del hecho generador del tributo, el cual había sido el punto débil de la regulación previa. “Esas normas corrigen el hecho generador y reafirman las competencias de los departamentos para establecer este tipo de instrumentos. Hoy existe certeza jurídica y quiero poner a su consideración un proyecto de gran importancia para nuestro departamento de Sucre”, afirmó la gobernadora.

La insistencia del ejecutivo departamental responde a la decisión tomada el pasado 5 de agosto por la Sala Quinta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre. En dicha instancia, el magistrado ponente Jorge Eliecer Lorduy Viloria decretó la suspensión provisional de la Ordenanza 012 de 2021, al considerar que la Asamblea carecía de competencia para definir el consumo de energía eléctrica como hecho generador. El fallo, derivado de demandas ciudadanas y de la Personería de Sincelejo, se sustentó en la inconstitucionalidad previa de las normas habilitantes, lo que dejaba el cobro sin un piso jurídico sólido.

Para defender la conveniencia de la medida, la administración departamental presentó un balance de la ejecución de los recursos recaudados desde 2023, los cuales superan los 35.000 millones de pesos. La gobernadora detalló que estos fondos permitieron la adquisición de 140 vehículos, una necro-móvil y más de 500 equipos tecnológicos para vigilancia e inteligencia. “Todo esto redunda en datos como la reducción histórica del 50% en los homicidios y los hurtos, así como cero secuestro y terrorismo”, sostuvo García, enfatizando que la seguridad no distingue estratos sociales.

El trámite del proyecto se desarrollará en un contexto jurídico complejo a nivel nacional. Antecedentes como la Sentencia C-101 de 2022 de la Corte Constitucional y fallos del Consejo de Estado han declarado inexequibles tasas similares en departamentos como el Valle del Cauca, bajo el argumento de que la ley no describía con precisión la conducta que origina la obligación tributaria. La Asamblea de Sucre deberá determinar si los nuevos ajustes presentados por la Gobernación logran superar estos precedentes y blindar el recaudo frente a futuras demandas de nulidad.