Justicia
Familias del Liceo Antioqueño denuncian penalmente a Precoltur y a un CDA por el accidente en Remedios
La acción judicial fue presentada ante la Fiscalía 110 Seccional de Segovia, dos meses después del siniestro que dejó 17 fallecidos. La denuncia se fundamenta en hallazgos administrativos de la Superintendencia de Transporte.
Dos familias de los egresados del Liceo Antioqueño que murieron en el accidente ocurrido el 14 de diciembre de 2025 en la vía Remedios–Zaragoza interpusieron una denuncia penal contra Precoltur S.A.S. y el Centro de Diagnóstico Automotor Servisuper Ltda.. La acción fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que se investigue la presunta responsabilidad penal derivada de la revisión técnico-mecánica del vehículo siniestrado.
El bus de placas SON-847 transportaba a 45 personas, en su mayoría estudiantes del Institución Educativa Liceo Antioqueño, cuando se precipitó a un abismo en el sector El Chispero. El accidente dejó 16 adolescentes y el conductor fallecidos, además de 20 personas heridas. Las familias sostienen que el vehículo no estaba en condiciones óptimas para transitar, pese a contar con certificados vigentes.
La denuncia se apoya en los hallazgos administrativos divulgados por la Superintendencia de Transporte, que formuló pliego de cargos tanto a la empresa transportadora como al centro de diagnóstico. Según el informe oficial, el CDA habría reportado información inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, durante la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes practicada al bus días antes del siniestro.
De acuerdo con la entidad de control, en el material fílmico analizado se evidenció que no se realizaron pruebas sensoriales completas, como la revisión exterior de rines, llantas y luces, ni la inspección interior de sillas, salidas de emergencia y cinturones de seguridad. También se constató la ausencia parcial de cintas reflectivas en la parte trasera del vehículo y posibles inconsistencias en la medición del labrado de las llantas.
El abogado Diego García, representante de dos de las familias, solicitó que estos hechos sean incorporados a la investigación por homicidio culposo que cursa en la Fiscalía 110 Seccional de Segovia. En el documento radicado se pide establecer si existió un “modus operandi recurrente” para expedir certificados a vehículos que no cumplían los estándares mínimos de seguridad, lo que podría configurar delitos como falsedad material en documento público y fraude procesal.
La denuncia también dirige la responsabilidad hacia los directivos de Precoltur S.A.S.. Según el texto presentado ante la Fiscalía, la empresa habría incumplido obligaciones relacionadas con la afiliación de sus conductores al sistema de seguridad social, la implementación de sistemas de comunicación bidireccional y la adopción de controles internos exigidos por la normatividad del transporte especial.
Como medida preventiva, la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte ordenó la suspensión inmediata, por seis meses, de la habilitación del Centro de Diagnóstico Automotor Servisuper Ltda., lo que implica su desconexión del RUNT y la imposibilidad de expedir nuevos certificados. De igual forma, dispuso la suspensión de operaciones de Precoltur S.A.S. durante el mismo periodo, mientras avanzan las investigaciones administrativas.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló el 15 de diciembre de 2025 que el caso sería objeto de revisión rigurosa. “Este hecho, que tuvo como resultado la muerte de 16 adolescentes y el conductor del vehículo, es una situación que no debe presentarse; lamentamos lo acontecido y por ello estamos actuando con rigurosidad”, indicó la funcionaria en un comunicado oficial.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, afirmó que la entidad encontró méritos para abrir investigación administrativa por presuntas alteraciones en los resultados de la revisión técnico-mecánica. “La SuperTransporte actuará con contundencia frente a este caso”, manifestó el funcionario al anunciar la formulación de cargos.
Con la denuncia penal, las familias buscan que el caso trascienda el ámbito sancionatorio administrativo y se determinen responsabilidades individuales de representantes legales, administradores y técnicos vinculados a la expedición de los certificados. La Fiscalía deberá establecer si las presuntas irregularidades incidieron de manera directa en las condiciones de seguridad del vehículo que terminó accidentado en la vía de Antioquia.
