Justicia
Decreto de emergencia económica quedó en manos del magistrado Carlos Camargo en la Constitucional
El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Assis, fue designado para estudiar la constitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia económica.
La Sala Plena de la Corte Constitucional seleccionó este martes al magistrado Carlos Camargo Assis para liderar el estudio de constitucionalidad del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. Mediante este acto administrativo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional al finalizar el año anterior.
La decisión se produjo durante una sesión extraordinaria del alto tribunal tras el reintegro de los magistrados de su vacancia judicial. El proceso de reparto aleatorio asignó al exdefensor del Pueblo la responsabilidad de elaborar la ponencia que definirá si el Ejecutivo contaba con el sustento jurídico necesario para invocar poderes excepcionales bajo la figura de emergencia.
De igual manera, el magistrado Juan Carlos Cortés fue designado para revisar el Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025. Este documento establece medidas tributarias destinadas a financiar el Presupuesto General de la Nación y enfrentar las causas que motivaron la declaratoria de excepción. Ambas normas serán analizadas de forma prioritaria por el impacto fiscal que representan.
El estudio de estas normas había permanecido suspendido debido al receso de fin de año de la rama judicial colombiana. Aunque diversos sectores políticos solicitaron una revisión inmediata durante diciembre, la Sala Plena determinó que no existían facultades legales para avanzar en el proceso hasta el reinicio formal de las labores institucionales en enero de 2026.
El Consejo Gremial Nacional solicitó formalmente a la corporación la suspensión provisional de la declaratoria de emergencia económica por un periodo de treinta días. Según el gremio, el rechazo de la ley de financiamiento en el Congreso no constituye un hecho sobreviniente que justifique el uso de facultades extraordinarias para la creación de nuevos impuestos nacionales.
La Corte Constitucional también debe resolver la situación jurídica de la reforma pensional, que presenta riesgos de inexequibilidad por presuntos vicios de trámite legislativo. El análisis de estas dos carpetas judiciales marcará la agenda del alto tribunal durante el primer trimestre del año, definiendo la estabilidad de las reformas estructurales propuestas por el Gobierno.
