Contraloría reporta hallazgos fiscales por $17.394 millones en Santa Marta y Magdalena

La Contraloría General de la República informó que, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, adelantó una Auditoría de Cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones, Educación y Programa de Alimentación Escolar e Infraestructura Educativa correspondientes a la vigencia 2024 en el departamento del Magdalena y el Distrito de Santa Marta, en la que determinó hallazgos fiscales por $17.394 millones.

El hallazgo de mayor cuantía, por $9.150 millones, se configuró en la ejecución del contrato para la construcción de la Institución Educativa Departamental Agropecuaria Mitsilou Campbell, ubicada en el municipio de El Banco. Según el informe, la infraestructura se encuentra abandonada, inconclusa y en deterioro progresivo, lo que implica un daño patrimonial por la inversión realizada sin que se haya garantizado la prestación del servicio educativo contratado.

De acuerdo con la Contraloría, esta situación obedeció a incumplimientos reiterados del contratista y a deficiencias en la gestión contractual del FFIE, que no adoptó medidas efectivas frente a los riesgos financieros pese a las sucesivas suspensiones y mesas de seguimiento. El órgano de control también evidenció falta de seguimiento por parte de la Gobernación del Magdalena como entidad beneficiaria del proyecto.

En el Distrito de Santa Marta se examinó el Convenio RE ESAL-004-2024, suscrito para el “Apoyo para el desarrollo de las fiestas del mar para el fortalecimiento de las artes, la cultura y los saberes rumbo a los 500 años”. La auditoría estableció que, aunque el contratista reportó una ejecución del 100 %, no existe evidencia documental suficiente que permita verificar el cumplimiento integral del objeto contractual.

La Contraloría señaló que, ante la imposibilidad de comprobar la ejecución real de las actividades y la correcta aplicación de los recursos públicos, se configuró un posible hallazgo fiscal por $5.206 millones. Esta situación se originó, según el informe, en la falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la Secretaría de Cultura Distrital.

Adicionalmente, en el departamento del Magdalena se determinó un detrimento patrimonial por $818.367.939, al establecer que la entidad territorial certificada pagó con recursos del Sistema General de Participaciones salarios y estipendios a nueve docentes con permiso sindical permanente, sin que durante 2024 ejercieran funciones docentes. El órgano de control concluyó que no se aplicaron criterios de necesidad, oportunidad y razonabilidad, y que existieron debilidades en el control de nómina y en la observancia de la normativa sobre permisos sindicales.

En el análisis del Contrato 0792 de 2024 del Programa de Alimentación Escolar, la auditoría encontró que no existen soportes que justifiquen pagos por intereses realizados por el operador. También advirtió que la interventoría a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no mencionó dichos pagos en sus informes financieros y que se identificaron movimientos bancarios por $1.000 millones en la cuenta de la UT PAE Magdalena sin soportes claros.

Según la Contraloría General, estas situaciones derivan de la aplicación de recursos públicos a obligaciones privadas y de pagos sin respaldo legal ni contable, atribuibles a deficiencias en la supervisión y el control financiero por parte del departamento del Magdalena y la interventoría, lo que ocasionó un presunto detrimento patrimonial por $1.520 millones.