Justicia
Juez definirá medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por caso Fucoso
El Juzgado 14 de Control de Garantías de Barranquilla programó para este viernes la decisión sobre la libertad de Nicolás Petro Burgos, tras finalizar las audiencias de imputación por presunta corrupción.
El juez 14 de control de garantías de Barranquilla suspendió la diligencia judicial este jueves 18 de diciembre de 2025, tras escuchar las intervenciones finales de la defensa y el Ministerio Público. La decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad, elevada por la Fiscalía General de la Nación contra el exdiputado del Atlántico, se conocerá este viernes 19 de diciembre a las 2:00 p.m.
El proceso investiga un presunto entramado de corrupción en el departamento del Atlántico, relacionado con la ejecución de recursos públicos por un valor aproximado de 111 millones de pesos. Según la fiscal Lucy Laborde, estos dineros, destinados originalmente a programas de atención para adultos mayores a través de la Fundación Consciencia Social (Fucoso), habrían sido desviados para beneficio personal del procesado y terceros.
La Fiscalía imputó a Petro Burgos seis delitos que incluyen peculado por apropiación, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio y falsedad en documento público y privado. Durante la sustentación, el ente acusador argumentó que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro representa un riesgo de obstrucción a la justicia y peligro de fuga, basándose en evidencia extraída de dispositivos móviles.
Por su parte, el abogado defensor Alejandro Carranza solicitó al despacho negar la restricción de la libertad al considerar que su cliente ha comparecido a todos los requerimientos judiciales. Carranza señaló que el traslado de Petro Burgos a Bogotá fue informado a las autoridades y que no existen pruebas de que pretenda evadir el proceso, subrayando que las restricciones vigentes de movilidad y participación política son suficientes.
El delegado de la Procuraduría General de la Nación, Henry Bustos, se apartó de la solicitud de la Fiscalía y pidió al juez no ordenar la detención en centro carcelario ni domiciliaria. El funcionario sostuvo que no hay fundamentos serios para calificar al exdiputado como un peligro para la comunidad o que su libertad interfiera con el desarrollo del juicio por las presuntas irregularidades contractuales registradas entre 2020 y 2023.
