Justicia
Denuncian defraudación por ocho billones de pesos mediante software de la DIAN
El presidente Gustavo Petro informó sobre una presunta red de corrupción que manipuló el sistema informático de aduanas para facilitar el contrabando y la evasión de impuestos en Colombia.
El Gobierno Nacional expuso este jueves los resultados de una investigación interna que señala la existencia de una defraudación al erario calculada en ocho billones de pesos. Según la declaración oficial, las irregularidades se concentran en el funcionamiento del software Lucía, herramienta tecnológica utilizada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para el registro de importaciones y el control de las declaraciones de renta en los principales terminales del país.
El Presidnete de la Rpública explicó que la arquitectura del sistema informático permitió la alteración de registros y la fuga de recursos públicos de manera sistemática durante varios años. Durante su intervención en la Casa de Nariño, el jefe de Estado afirmó que “el software con que se hacen los registros de importaciones o de declaraciones de renta está hecho para robar”. La denuncia sostiene que el programa carece de los controles necesarios para detectar con precisión el ingreso de mercancías.
La investigación vincula estas fallas con la operación de redes criminales que habrían infiltrado la entidad para gestionar el contrabando a gran escala y la evasión tributaria de capitales significativos. El presidente señaló que “en este caso estamos hablando de casi el techo que hemos logrado más o menos determinar: ocho billones de pesos”. Según el reporte, estas maniobras delictivas se detectaron principalmente en los aeropuertos de Bogotá y Medellín, así como en los puertos de Cartagena y Buenaventura.
Como parte de las acciones judiciales, el Ejecutivo confirmó que 116 funcionarios de la DIAN y del servicio de aduanas están bajo investigación formal por su participación en estas irregularidades. Los nombres de los implicados fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para adelantar procesos penales. El mandatario añadió que este hallazgo es parte de una “enorme defraudación del erario, billonaria, como todas las que hemos venido encontrando en este gobierno”.
El informe oficial también vincula estas estructuras con el lavado de activos proveniente del narcotráfico y el comercio ilegal de oro. El mandatario precisó que “la mafia de la cocaína hoy lava dinero principalmente a través del contrabando y del oro”. Adicionalmente, se reportaron presuntas amenazas contra funcionarios en Tuluá, donde se indaga si el asesinato de Gilberto Calao tiene relación con estas inspecciones, afirmando que dicho municipio “ha sido afectado por bandas de alto nivel”.
